OVIEDO, 29 de octubre. En un reciente debate parlamentario, el Gobierno de Asturias ha estipulado que el informe completo sobre el plan de gestión del lobo no será presentado hasta marzo de 2026. Este enfoque, según el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, responde a las características anuales de dicho programa.

Marcos Líndez destacó la importancia de garantizar la seguridad jurídica en las acciones emprendidas, aclarando que el programa 2025-2026 permite la extracción de hasta 53 lobos. Detalló que la metodología de estas extracciones está claramente definida en el plan de gestión, lo que incluye quiénes son los responsables de llevar a cabo los controles y en qué momentos podrán realizarse.

El consejero también explicó que las cacerías autorizadas estarán basadas en informes técnicos y que se limitarán tanto espacial como temporalmente, enfatizando que estas medidas tienen como objetivo la protección del ganado. Se ha establecido un número de hasta 174 cacerías a autorizar antes del 31 de diciembre, aunque hasta ahora solo se han llevado a cabo 25 cacerías, con 6 rechazadas y 5 no realizadas.

Marcos Líndez subrayó que la Guardería de Medio Ambiente continúa operando en todas las zonas en las que se aplica el plan y que todo el proceso se lleva a cabo con un enfoque "ordenado, transparente y dentro del marco legal”. Sin embargo, sus declaraciones no lograron convencer a la portavoz de Vox, Carolina López, quien acusó al Gobierno asturiano de ocultar información para disimular un presunto incumplimiento del plan.

López criticó que el Ejecutivo no haya proporcionado resultados a lo largo del período de implementación del programa, como se había previsto. Según su perspectiva, las dificultades y restricciones impuestas por el Gobierno están destinadas a sabotear las cacerías del lobo, en detrimento de los ganaderos. La portavoz de Vox exigió la renuncia de Marcos por lo que considera una falta de compromiso con el sector ganadero.

En la misma línea, Luis Venta Cueli, diputado del Partido Popular, demandó la dimisión de Marcos, argumentando que el Gobierno ha “abandonado” a los ganaderos. Según él, el propósito del plan no es controlar la población de lobos, sino perpetuar el descuido hacia un sector ya de por sí desprotegido. Venta hizo hincapié en la falta de transparencia del Gobierno, preguntando por qué no se están facilitando los datos solicitados.

Finalmente, el PP anunció que ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, demandando el “derecho a la información” sobre el plan de gestión del lobo. Venta concluyó su intervención sugiriendo que el Gobierno está más enfocado en proteger al lobo bajo la presión de grupos ecologistas, que en realmente ayudar a los ganaderos.