OVIEDO, 23 de mayo. Un grupo de directores de 101 colegios públicos en el Principado de Asturias, en su mayoría ubicados en las áreas de Avilés y el occidente, ha decidido agruparse para elevar su voz en favor de una educación pública de calidad. Estas autoridades educativas exigen que sus demandas sean tomadas en cuenta por la Administración, subrayando la urgencia de cambios significativos en el sistema educativo.

En un manifiesto firmado por estos directores, se despeja cualquier sospecha de sesgo ideológico, afirmando que sus propuestas están fundamentadas en el deseo de garantizar el derecho de todo el alumnado a recibir una educación de excelencia. Su objetivo es claro: impulsar una serie de demandas bien definidas y constructivas que mejoren la situación actual.

Uno de los puntos más destacados de su exigencia es la reducción de las ratios en las aulas, especialmente en la educación infantil, así como la necesidad de un tutor o tutora para cada grupo de primaria. Además, abogan por que los especialistas no asuman la tutoría sin poder dedicar todo su tiempo al grupo, y solicitan compensaciones para el profesorado que acompaña en actividades como viajes de estudios.

El reconocimiento de la carrera docente es otro de los pilares del manifiesto, demandando que se considere un complemento permanente, libre de revisiones anuales o penalizaciones por bajas laborales. También insisten en la necesidad de cubrir las ausencias del profesorado de forma inmediata para asegurar la continuidad educativa.

La estabilidad en las plantillas es vista como vital para el desarrollo de proyectos pedagógicos consistentes. Por ello, piden un esfuerzo por reducir las tasas de interinidad y mejorar los salarios, recordando que los docentes de Asturias son de los peor remunerados en comparación con otras comunidades autónomas.

Los firmantes subrayan también la importancia de atender adecuadamente a la diversidad del alumnado. Por esta razón, solicitan un decreto que regule la inclusión y la atención a esta diversidad, con pautas claras sobre la asignación de recursos y ratios para personal especializado en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

Respecto a los colegios de educación especial, destacan la necesidad de un marco regulatorio que respalde su función y que aproveche la oportunidad que brinda la LOMLOE para transformarlos en centros de recursos y asesoramiento para la inclusión. También piden que se reconozca el extra de riesgos que enfrenta el profesorado en estos contextos y que se ofrezcan nuevas oportunidades de titulación y escolarización para los estudiantes.

Las reivindicaciones abarcan también el área de conciliación familiar y laboral, considerándola un derecho social que debe ser promovido por empresas y administraciones. Demandando un compromiso social que garantice servicios como atención temprana, comedores y actividades extraescolares para todos los estudiantes asturianos, independientemente de su lugar de residencia.

Los docentes expresan su preocupación ante la reducción de competencias del Consejo Escolar en decisiones clave, como la jornada escolar reducida. Recuerdan que en 2021 esta medida se dejó de aplicar, lo que tuvo repercusiones negativas en el alumnado, al tiempo que apuntan que otras comunidades han retrocedido en esta decisión tras comprobar sus beneficios pedagógicos.

Asimismo, abogan por definir claramente qué implica la asignatura optativa de lengua asturiana en la educación infantil y por asegurar la dotación de personal suficiente para su enseñanza. También plantean estrategias para combatir la segregación escolar y para evitar la distribución desigual de estudiantes vulnerables entre los centros.

Los directores de los centros destacan que la mayoría de los docentes no busca promocionar a posiciones de dirección, lo que ha llevado a una alta tasa de vacantes en estos cargos, cerca del 50% anualmente en Asturias. Este fenómeno es atribuido a la falta de apoyo institucional y a la escasa disposición al diálogo por parte de la administración, que suele imponer medidas en lugar de colaborar con las iniciativas ya en marcha en las escuelas.

Por lo tanto, exigen una real autonomía pedagógica, formación específica para roles de gestión que difieren de la enseñanza tradicional, claridad sobre las funciones desempeñadas por los directivos y el control del transporte escolar por parte de la Consejería de Educación.

Finalmente, el manifiesto incluye una petición para revisar el modelo de conciertos educativos y las ratios en la educación concertada, con el objetivo de evitar el cierre de aulas en la educación pública y lograr una distribución más equitativa del alumnado en los centros financiados con fondos públicos.