Este sábado, el Partido Animalista (Pacma) ha alzado su voz en un clamor por justicia tras el desgarrador descubrimiento de dos lobos colgados en el municipio de Ponga. La organización no solo ha expresado su indignación, sino que también ha denunciado lo que consideran una "complicidad" por parte de las administraciones en estos actos atroces. La exigencia de Pacma se centra en un necesario fortalecimiento de las leyes existentes, para asegurar que quienes comenten crímenes contra la fauna paguen un precio ejemplar por sus acciones.

En un contexto donde, según Pacma, las regiones de Castilla y León, el Principado de Asturias y la Comunidad de Cantabria priorizan la protección de aquellos sectores que persiguen y matan lobos, el partido ha emitido un urgente llamado a las autoridades. Instan a que estas administraciones "dejen de amparar las atrocidades" cometidas no solo contra los lobos, sino también contra otros animales salvajes que comparten su hábitat.

La reacción de Pacma no se hizo esperar tras el alarmante hallazgo de los cuerpos de los lobos, que fueron encontrados colgados de un cartel informativo en la Ruta de Arcenoriu, en el concejo asturiano de Ponga. Este hecho, que ha dejado a muchos en estado de shock, ha motivado una investigación por parte de los agentes del Medio Natural y la Guardia Civil, quienes buscan aclarar lo sucedido. Sin embargo, desde Pacma advierten que estos incidentes macabros no son meros casos aislados, sino patrones recurrentes que reflejan la insuficiencia de mecanismos de persecución adecuados.

Para la formación política, estos actos de brutalidad son consecuencia directa de "políticas permisivas" y de la ausencia de una acción decisiva y eficaz por parte de las administraciones locales como las del Principado de Asturias, la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Cantabria. Estas instituciones, según Pacma, no solamente demuestran una actitud tolerante, sino que, de manera preocupante, protegen a cazadores y ganaderos cuyos intereses son contrarios a la conservación de la especie.

Ante la creciente ola de violencia y persecución hacia los lobos, Pacma sostiene que las leyes actuales no son adecuadas para garantizar la protección necesaria y frenar este tipo de ataques. La organización critica que es "urgente" que estos criminales sean perseguidos y llevados ante la justicia, enfrentando penas de cárcel, pues creen que la impunidad solo alimenta la destrucción de una especie tan vital para el ecosistema como lo es el lobo.

Además, el Partido Animalista subraya la responsabilidad que las administraciones tienen en esta problemática. En lugar de garantizar la protección de los lobos, como lo exige su inclusión en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre), afirman que estas autoridades favorecen los intereses de cazadores y ganaderos. Esto se traduce en intentos de rebajar su nivel de protección, en la creación de excepciones, en la falta de medidas preventivas y, lo más alarmante, en la ausencia de condenas que actúen como disuasorias frente a tales actos de violencia.