El pasado 24 de marzo, en Oviedo, el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Gobierno del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ofreció un panorama alentador sobre la evolución de la ejecución presupuestaria en la región, especialmente en lo que respecta a inversiones. A pesar de los avances logrados en los últimos años, Peláez enfatizó su deseo de continuar optimizando estos resultados mediante una serie de nuevas medidas que ya están siendo implementadas.

Durante su intervención ante la Junta General del Principado, Peláez destacó que la ejecución presupuestaria en operaciones de capital (que corresponden a inversiones) alcanzó una notable cifra del 54% en la fase final, es decir, en el momento en que se reconoce la obligación de pago. Este porcentaje representa un aumento de cuatro puntos en comparación con el año anterior, lo que refleja una tendencia positiva en la gestión de los recursos públicos.

En relación con las inversiones gestionadas directamente por la administración regional, el consejero informó que el porcentaje de ejecución se situó en un 61%, lo que equivale a un impresionante incremento de 11 puntos porcentuales respecto a 2023. Estas cifras no solo son un indicativo del compromiso del gobierno asturiano con el desarrollo regional, sino también del impacto del aumento del presupuesto destinado a inversiones.

Sin embargo, Peláez no se conforma con estos resultados y ha señalado que la "rigidez" de la ley de contratos del sector público sigue siendo un obstáculo, al priorizar el precio sobre otros factores importantes. Esta situación no solo afecta a la administración asturiana, sino que también limita la capacidad para hacer un uso más flexible de los recursos invertidos.

“Aunque estos datos son mejores que en años anteriores, no es suficiente”, afirmó Peláez, subrayando su compromiso por mejorar continuamente los indicadores de inversión. Para ello, mencionó diversas iniciativas que se están llevando a cabo.

Entre las acciones destacadas, el consejero se refirió a la reciente implementación de un sistema de anticipación de gasto, gracias a un cambio normativo que permite adelantar la tramitación de expedientes. Asimismo, mencionó la importancia de una "mejor planificación presupuestaria" y la futura Ley de Hacienda, que se perfila como crucial para simplificar la administración y mejorar la ejecución de los presupuestos.

En este contexto, Peláez reveló que ya se encuentra en marcha un Servicio de Planificación de la Contratación dentro de la Consejería, destinado a asistir a los diferentes órganos de contratación en la optimización de los trámites relacionados con los contratos públicos. Esta medida busca hacer más eficiente el proceso y garantizar un uso más ágil de los recursos disponibles.

Finalmente, el consejero compartió detalles sobre la Ley de Presupuestos para 2025, que introduce innovaciones destinadas a facilitar la tramitación administrativa. Entre estas se incluye la elevación del límite de autorización de gasto para los consejeros hasta 750.000 euros, evitando la necesidad de que estas decisiones pasen por Consejo de Gobierno. También se contempla la posibilidad de modificar las anualidades aprobadas, siempre que no generen un gasto mayor. Para culminar, Peláez enfatizó la importancia de la "continua digitalización" de los procesos como un camino hacia la modernización de la gestión pública.