OVIEDO, 17 de octubre.

En una reciente comparecencia pública, la diputada del Partido Popular asturiano, Beatriz Polledo, junto a la dirigente de la Asociación Maeve, Marina González Lava, ha puesto de manifiesto el "alarmante deterioro" que han sufrido los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) en Asturias. Ambos resaltaron que estos espacios, que deberían ser seguros, se han convertido en lugares que revictimizan a mujeres que han sufrido violencia de género y exponen a los menores a situaciones de riesgo.

Polledo hizo un llamado contundente a la administración regional para llevar a cabo una intervención inmediata. Esta demanda incluye la necesidad de implementar un enfoque de género en la atención que se brinda en estos centros, así como la creación de un sistema de supervisión que asegure una operación transparente y justificada. Como medida formal, comunicó que su partido presentará una proposición no de ley en la Junta General del Principado de Asturias exigiendo una revisión exhaustiva e independiente del funcionamiento de los PEF.

La diputada recordó que la consejera de Derechos Sociales había admitido en una reciente sesión parlamentaria que existe un descontento palpable en torno a los PEF, aunque intentó minimizar la situación al argumentar que solo se habían recibido dos quejas formales. Este argumento fue calificado por Polledo como una "estrategia política inaceptable", enfatizando que muchas mujeres se abstienen de presentar quejas, principalmente por miedo o desconfianza en el sistema.

Polledo también denunció la falta de rigurosidad en los informes elaborados en los PEF, señalando que muchos de estos documentos carecen de supervisión e incluyen repeticiones de contenido o graves omisiones. Estos errores no son solo formales; tienen un impacto directo en las decisiones judiciales relacionadas con la custodia y el régimen de visitas de los menores, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

“El diagnóstico es claro: los informes son sesgados y ponen en duda el testimonio de madres que ya han sufrido, y los menores encuentran situaciones de riesgo en un sistema que debería protegerles,” subrayó Polledo. González, por su parte, añadió que el 90% de los casos que se atienden en los PEF tienen un origen judicial y que el 80% de ellos están vinculados a situaciones de violencia de género.

La diputada demandó la implementación de protocolos claros y la necesidad de una formación especializada para el personal que trabaja en los PEF, con el objetivo de garantizar el bienestar de los menores y proteger los derechos de las mujeres afectadas. Enfatizó que actualmente, los PEF no están funcionando como lugares seguros, acusando al Gobierno del PSOE de falta de compromiso en esta cuestión.

González, apoyando la denuncia de Polledo, advirtió que las víctimas de violencia de género sufren una "victimización secundaria" en su interacción con el sistema de PEF. “Desde hace décadas recibimos constantes quejas sobre la falta de formación y la falta de respuesta empática por parte de las instituciones, lo que crea un vacío de apoyo para las mujeres”, explicó.

Asimismo, criticó la ausencia de informes iniciales y planes de intervención, así como la falta de información a las madres, mayoritariamente custodias, sobre los procedimientos aplicados en los PEF. González evidenció también errores graves en los informes que son utilizados por los juzgados para tomar decisiones sobre regímenes de visitas y custodias, lo que acarrea serias injusticias.

Una situación que resaltó fue que en algunos casos se sugiere la custodia compartida, a pesar de que varios menores manifiestan su deseo de no permanecer en el centro, incluso mostrando angustia al salir de allí. González insistió en que los PEF no fueron diseñados originalmente para manejar situaciones de violencia de género, y enfatizó la necesidad de una reforma tanto legal como estructural para modificar su funcionamiento actual.

Al finalizar, ambas concordaron en que el sistema necesita ser reformado de manera integral para asegurar que el interés superior del menor y los derechos de las víctimas de violencia de género sean siempre priorizados y respetados.