OVIEDO, 30 de julio.

El Comité de Empresa de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, que representa a los trabajadores del Centro de Responsabilidad Penal del Menor (CRPM) de Sograndio, ha hecho un llamado urgente este miércoles para la mejora de las condiciones laborales, surgiendo tras un grave incidente reciente. Los representantes advierten que, de no garantizarse condiciones de seguridad adecuadas, las salidas con menores podrían suspenderse temporalmente.

En un comunicado, los sindicatos relatan que el sábado 26, mientras un grupo de menores estaba de excursión, uno de los internos agredió violentamente al auxiliar de seguridad que conducía el vehículo, utilizando una maniobra de estrangulamiento conocida como "mataleón". Este ataque forzó al trabajador a detener el coche y permitió al interno intentar escapar, necesitando posteriormente atención médica.

El Comité enfatiza que este suceso no es un incidente aislado, sino que se suma a una serie de situaciones similares ocurridas en los últimos meses, tanto dentro como fuera del centro. Ante esta creciente preocupación, critican lo que consideran un "abandono institucional" y la carencia de iniciativa política para asegurar condiciones mínimas de seguridad para el personal.

Entre los problemas más urgentes, los sindicatos resaltan la "notable escasez de personal educativo", especialmente en el periodo estival, la "completa falta de atención sanitaria durante fines de semana y festivos", así como un aumento en el número de internos sin un correspondiente incremento en el personal asignado.

Además, han puesto de relieve la "precaria situación de los vehículos" utilizados para estas salidas, que carecen de las medidas de seguridad necesarias para proteger tanto al personal como a los menores. También mencionan el deterioro de la infraestructura del centro, lo que repercute negativamente en la convivencia y en la calidad del trabajo educativo y de seguridad.

El Comité de Empresa recalca que las salidas con menores constituyen un "derecho" reconocido por la legislación vigente, y subrayan que asegurar este derecho no debe implicar poner en riesgo la integridad física y mental de los profesionales. Exigen que la Administración provea los recursos humanos, materiales y estructurales necesarios para cumplir con este compromiso.

En este contexto, han manifestado su respaldo a las decisiones del personal, incluyendo la posibilidad de detener temporalmente las salidas con menores hasta que se logren las condiciones mínimas de seguridad requeridas. Insisten en que se debe encontrar una solución de manera urgente, preferentemente antes de que finalice el mes de agosto.