En un fallo polémico, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo ha confirmado la condena por fraude de subvenciones para cinco personas y el sindicato UGT. Esta sentencia desestima los recursos presentados por los acusados y el sindicato, ratificando así la decisión inicial del Juzgado Penal 3 de Oviedo. Solo uno de los condenados logró una leve reducción en su sentencia. Cabe destacar que esta decisión no es definitiva y puede ser apelada ante el Tribunal Supremo.

El sindicato UGT Asturias fue multado con 122.000 euros y se le prohibió recibir subvenciones públicas durante cuatro años, según lo establecido en la sentencia de diciembre de 2021. Esta penalización abarca un periodo comprendido entre 2010 y 2014, afectando a las ayudas otorgadas en ese lapso de tiempo.

El tribunal reveló que UGT Asturias y la Fundación IFES habían estado recibiendo subvenciones públicas anualmente para programas de formación laboral, delegando la ejecución de dichos programas en entidades afiliadas, como IFES. Esta práctica dio lugar a un desvío sistemático de los fondos públicos, con beneficios económicos que beneficiaban a las organizaciones sindicales involucradas.

La sentencia destaca que el exsecretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez Braga, junto con otros miembros clave de la organización, realizaron acciones fraudulentas para obtener beneficios ilegales a través de las subvenciones. Estas prácticas engañosas contaron con la colaboración de diversas entidades y empleados cómplices.

El desvío de fondos se llevaba a cabo mediante estrategias engañosas que ocultaban los costos reales de los programas formativos financiados por las subvenciones. Además, se incrementaban artificialmente los precios de alquileres y equipos, perjudicando al verdadero destino de los fondos públicos.

En este entramado de corrupción, se incluían gastos de personal laboral del sindicato que no estaban relacionados directamente con las actividades subvencionadas, revelando un uso indebido de los recursos públicos. Estas prácticas fraudulentas, que beneficiaban principalmente a UGT, fueron denunciadas y sancionadas por las autoridades judiciales.

Entre los condenados se encuentra el exsecretario de UGT Asturias, Justo Rodríguez Braga, quien enfrenta una pena de dos años y diez meses de prisión por su participación en el fraude de subvenciones. Este veredicto refleja el compromiso de la justicia en combatir la corrupción y garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos en España.