La relación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas ha sido dinámica y cambiante desde la transición democrática, con más de 2.000 transferencias realizadas desde 1978 hasta 2025. En este contexto, Canarias se posiciona en el quinto puesto del ranking, habiendo recibido un total de 128 competencias.

Los datos recientes proporcionados por el Ministerio de Política Territorial, y difundidos por Europa Press, revelan que Cataluña lidera la lista con 196 transferencias, seguida de Andalucía y Galicia, ambas con 156, y la Comunidad Valenciana, que ha recibido 134. Canarias, con sus 128 transferencias, se mantiene relevante, precediendo al País Vasco con 122 y a Castilla y León con 117.

Un análisis de los últimos años muestra que durante la presidencia de Mariano Rajoy, entre 2015 y 2017, no se realizaron transferencias a las comunidades autónomas. Esto cambió con la llegada de Pedro Sánchez, quien rápidamente reactivó el proceso, iniciando con dos transferencias al País Vasco en sus primeros días como presidente.

Desde entonces, han sido casi 45 las competencias transferidas a diferentes regiones bajo el mandato de Sánchez, destacando el País Vasco como el principal beneficiado con 23 nuevos traspasos, lejos de los ocho conseguidos por Cataluña. Este año, Euskadi ha cerrado el año 2025 sumando siete nuevas transferencias, lo que refleja un fuerte período de colaboración y progreso desde la moción de censura de 2018.

La última de estas transferencias se formalizó recientemente, cuando el Gobierno central y Euskadi acordaron el traspaso de prestaciones contributivas y subsidios de desempleo, completando así uno de los bloques de gestión de la Seguridad Social. Esta acción fue previamente acordada en julio, donde se definieron varios temas relacionados con las prestaciones no contributivas y el seguro escolar.

El acuerdo también ha incluido el traspaso de competencias sobre permisos de trabajo a extranjeros y meteorología, además de la cesión de la antigua sede de la AEMET en San Sebastián al Gobierno vasco, lo que refuerza aún más la autonomía local en áreas clave.

En cuanto a Cataluña, ha logrado gestionar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y ha ampliado sus competencias en justicia, además de seguir negociando otros traspasos, como el de Rodalies. Navarra ha asumido competencias en sanidad penitenciaria, IMV y tráfico, este último nunca concretado del todo debido a defectos judiciales que llevaron a revisar el acuerdo original.

La Comunidad Valenciana también ha recibido aumentos en sus competencias en conservación de la naturaleza y edificación, mientras que Baleares y Canarias expresan su descontento con el Gobierno central por considerar que la gestión del litoral no se ha traspasado de manera adecuada.

Por su parte, Galicia ha cerrado un importante acuerdo para gestionar su litoral, siendo este su primer traspaso desde 2008. Madrid, mientras tanto, ha visto una ampliación en su transferencia relacionada con la asistencia sanitaria, mientras que diez regiones siguen a la espera de nuevas competencias desde la formación de este Gobierno, aunque algunas han logrado la cesión de impuestos como el de residuos.