OVIEDO, 3 de octubre.

La reciente decisión de la Comisión Europea sobre el peaje de la AP-66, conocido como el Huerna, ha reavivado el debate en Asturias, con el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, al frente. En declaraciones realizadas el viernes, Calvo enfatizó que si la prórroga del peaje se determina ilegal, debe ser anulada de inmediato. "No hay espacio para el debate; si algo es ilegal, debe ser corregido", aseveró.

En una entrevista con Televisión del Principado de Asturias, el consejero insistió en que no se puede justificar el coste asociado a esta operación, y urgió a las autoridades a encontrar una solución viable para el problema. "La clave es actuar conforme a la legalidad y buscar caminos para resolver esta situación", agregó Calvo.

El consejero también reconoció la existencia de un desacuerdo político entre el Gobierno asturiano y el Ejecutivo central sobre este asunto. Además, minimizó la interpretación que el Ministerio de Transportes realizó en medios regionales acerca de su postura, asegurando que no necesita utilizar fuentes anónimas para expresar sus opiniones. "En Asturias, la política es más clara; la ciudadanía conoce nuestras posturas directamente", manifestó.

En línea con la 'Alianza por las Infraestructuras que Asturias necesita', el Gobierno regional está elaborando un conjunto de propuestas que serán presentadas en una movilización programada para el próximo 17 de octubre en Oviedo, buscando generar un cambio en la normativa de los peajes.

Además, Calvo destacó que se están llevando a cabo gestiones para coordinar esfuerzos con las comunidades autónomas de Galicia y Castilla y León, con el fin de explorar acciones administrativas que se adapten a la situación actual relacionada con el peaje.

El contexto europeo sobre este tema ha sido crucial. En julio, la Comisión Europea emitió un dictamen motivado en el marco de un procedimiento de infracción, instando a España a cumplir con las normativas de la UE, particularmente en lo que respecta a la contratación pública. En este sentido, las prórrogas de las concesiones de la AP-9 y AP-66 han suscitado preocupaciones significativas.

La extensión de estas concesiones a veinticinco y veintinueve años respectivamente, seguida de la venta de las empresas concesionarias sin un proceso de licitación adecuado, es vista como una violación de los principios de igualdad de trato y transparencia que rigen la normativa de la UE.

Ante esta situación, la Comisión ha otorgado un plazo de dos meses a España para responder y tomar las medidas que consideren necesarias, aunque el Ministerio de Transportes ha optado por presentar alegaciones, manteniendo vigentes los peajes por ahora.