OVIEDO, 5 de septiembre. - La Junta del Principado de Asturias ha decidido, tras la reciente sesión del Consejo de Gobierno, que tomará medidas legales contra el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo, que cuestiona la reducción en la protección del lobo ibérico. Esta decisión surge de la necesidad de encontrar un equilibrio entre la preservación de esta especie emblemática y las actividades de la ganadería extensiva, a través de un ambicioso plan que contempla la eliminación controlada de hasta 53 ejemplares hasta marzo de 2026.

El recurso presentado busca revertir la Ley de Desperdicio Alimentario y eliminar las normativas que permiten una gestión más flexible de los lobos en la región norte del Duero. Esto incluiría también la reincorporación del lobo al Lespre y al Catálogo Español de Especies Amenazadas, medidas que, según el gobierno asturiano, resultarían en un importante retroceso en la gestión eficaz de esta especie en la comunidad.

Desde la perspectiva del Gobierno asturiano, este panorama no solo implica un obstáculo a los logros alcanzados en la gestión del lobo, sino que limita la capacidad de la comunidad para implementar políticas que se ajusten a las realidades del territorio. Es por ello que el Ejecutivo ha decidido comprometido a defender su posición ante el Tribunal Constitucional.

Marcelino Marcos, consejero de Medio Rural, ha explicado que el Principado ha comenzado a organizar los pasos necesarios para presentar esta defensa legal, subrayando la importancia de este asunto como una competencia autonómica clave para salvaguardar los intereses de Asturias.

A pesar de los desafíos que representa la convivencia del lobo ibérico y la ganadería, el Gobierno regional mantiene que esta relación es viable. Según los estudios y las experiencias de gestión local, es posible hallar soluciones que permitan tanto la conservación de la especie como el impulso del desarrollo social y económico de las áreas rurales afectadas.