OVIEDO, 18 de julio. El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha manifestado que la Unión Europea ha calificado de "ilegal" la extensión del peaje del Huerna establecida durante la administración de José María Aznar, exigiendo que se aclaren las responsabilidades de este acuerdo: "Este es otro de los actos ilegales que se gestaron bajo el Gobierno de Aznar. He estado denunciando esto desde hace tiempo. Es evidente que el entonces presidente, junto a Álvarez Cascos como ministro, llevó a cabo acciones que la UE ahora considera ilícitas".

Barbón ha expresado su esperanza de que el proceso abierto por la Comisión Europea, junto a la posible intervención de instancias judiciales a nivel comunitario, terminen en la eliminación del peaje: "La cuestión es sencilla: aquí, en Asturias, estamos convencidos de que si esto es realmente ilegal, debe concluir en su eliminación".

El líder asturiano ha apuntado que cada gobierno debe adherirse al principio de seguridad jurídica, lo que les obliga a respaldar decisiones administrativas previas si su modificación podría implicar perdidas económicas en las arcas públicas, independientemente de las opiniones políticas al respecto: "El actual Gobierno de España tiene, aunque no lo comparta, la obligación de defender estos actos por motivos de seguridad jurídica y los efectos económicos que pueden acarrear".

Barbón ha enfatizado que la defensa de las acciones gubernamentales es un deber legal que no cambia con la alternancia en el poder, y ha señalado que será el Ministerio correspondiente el que deba substanciar su posición final. "Mi postura es clara: estoy a la espera de que esto se confirme y, evidentemente, es una oportunidad dorada, no solo para identificar responsables, que en este caso serían el presidente Aznar y su gabinete, junto a Álvaro Cascos como ministro; sino también para ver si se puede lograr alguna forma de compensación para Asturias", concluyó.

Asimismo, Barbón ha reconocido las incomodidades provocadas por las obras en la autopista del Huerna durante este verano, aunque solicitó a la ciudadanía comprensión respecto a la complejidad de los trámites administrativos que influyen en la programación de estas: "Es cierto que afecta al tráfico y que no es el momento más apropiado, pero las obras a veces se programan atendiendo a cómo avanzan las adjudicaciones y licitaciones".

El presidente ha manifestado su comprensión por el descontento de los usuarios, especialmente durante esta temporada alta de circulación, pero ha subrayado que los plazos administrativos no siempre permiten elegir el mejor momento para llevar a cabo los trabajos necesarios. "Les aseguro que los procesos de licitación son largos y costosos. Es algo que conocen bien los alcaldes y quienes hemos tenido responsabilidades de gobierno", añadió.

En este contexto, ha recordado que la gestión pública suele estar sujeta a una burocracia que no siempre se alinea con el sentido común. "Entiendo la frustración; a veces me encuentro en situaciones similares en la Junta: discutiendo con personas que no han tenido a cargo ni siquiera una comunidad de vecinos. Comprendo su crítica, pero si hubieran estado en el poder, comprenderían la complejidad del proceso", declaró.

Barbón ha reiterado que no justifica ni defiende el momento elegido para ejecutar las obras, pero ha subrayado que refleja una realidad común dentro del funcionamiento de la contratación pública: "No lo justifico ni lo defiendo, de ninguna manera, pero supongo que se ha hecho lo que se ha podido en estas circunstancias".