OVIEDO/BRUSELAS, 17 de julio.

La Comisión Europea ha hecho llegar un nuevo requerimiento al Gobierno español, instándolo a corregir las irregularidades relacionadas con la prórroga de las concesiones de los peajes en las autopistas AP-66, que conecta Asturias con Castilla y León, y AP-9. Según la CE, estas prórrogas infringen las normativas de la Unión Europea sobre contratación pública y concesiones de autopistas. Si el asunto no se resuelve en un plazo de dos meses, la situación podría escalar hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Desde Bruselas, se ha subrayado la necesidad de que España cumpla con las normativas vigentes en materia de contratos de concesión para carreteras. La Comisión ha emitido un dictamen fundamentado dirigido a las autoridades nacionales, marcando el inicio de un procedimiento sancionador que busca abordar estas irregularidades.

El Ejecutivo español extendió las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 por 25 y 29 años, respectivamente, sin llevar a cabo los correspondientes procesos de licitación ni publicar un aviso en el Diario Oficial de la UE, tal como exige la legislación comunitaria. Este hecho ha sido destacado por la Comisión Europea como una vulneración seria de las normativas aplicables.

Bruselas argumenta que estas ampliaciones en sí mismas son consideradas “modificaciones sustanciales”, asimilables a la adjudicación de nuevos contratos de concesión. Por lo tanto, es imperativo que se sometan a un “procedimiento de licitación competitivo”, garantizando así los principios de igualdad de trato y transparencia estipulados por las directivas europeas.

La Comisión otorga ahora un plazo de dos meses al gobierno español para que aborde las preocupaciones planteadas en su dictamen y lleve a cabo las acciones necesarias para remediar las faltas señaladas.

Si no se encuentra una solución a esta situación, el Ejecutivo comunitario ha advertido que podría proceder a la tercera fase de los procedimientos de infracción, lo que implicaría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE por el incumplimiento de la legislación comunitaria.