OVIEDO, 31 de julio.

Hoy concluyó la primera ronda de audiencias en la Comisión de Investigación de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) relacionada con el trágico accidente en la mina de Cerredo, ubicada en Degaña. Durante esta sesión, se escucharon las voces de doce profesionales del medio ambiente, incluidos jefes de diversas secciones de la Guardería, Montes y Agentes Medioambientales.

Al finalizar las comparecencias, Covadonga Tomé, presidenta de la comisión y diputada del Grupo Mixto, expresó a Europa Press que estas declaraciones han proporcionado una visión más clara sobre la operativa interna de la Administración. Tomé destacó la importancia de entender cómo se manejan las actas levantadas por los trabajadores de medio natural y el destino de estas denuncias, entre otros aspectos.

Sin embargo, la diputada no ocultó su preocupación por la “cierta sensación de desorden” que se desprende de la cantidad excesiva de intermediarios interpuestos en algunos procesos. Este desajuste, según Tomé, conlleva una “pérdida de información”, lo que dificulta el adecuado funcionamiento de las operaciones.

Además, Tomé subrayó la existencia de “compartimentos estancos” que obstaculizan una colaboración efectiva entre diferentes secciones, impacto que a su juicio repercute negativamente en el rendimiento general del trabajo. Esta falta de cohesión operativa se ve acentuada por una carencia notable de personal, incluyendo agentes del medio natural y forestales, cuestión que ha denunciado en reiteradas ocasiones.

El accidente en la mina que ahora investiga el parlamento asturiano tuvo lugar el pasado 31 de marzo, cuando una explosión cobró la vida de cinco trabajadores y dejó a otros cuatro gravemente heridos. Este siniestro ha puesto el foco en la empresa responsable de la mina, que supuestamente solo contaba con permisos para la retirada de materiales.

Tras el accidente, se iniciaron tres investigaciones paralelas: una judicial, otra por parte de la Dirección General de Minas del Gobierno asturiano, y una más desde la comisión especial de seguridad minera. No obstante, los partidos de la oposición consideraron esencial establecer una nueva línea de investigación para aclarar las razones detrás del accidente y determinar posibles responsabilidades políticas.

La creación de esta comisión fue impulsada por el PP y Foro, apoyados por Vox y la diputada Covadonga Tomé, y salió adelante gracias a la neutralidad del PSOE e IU-Convocatoria por Asturies, quienes apoyan el gobierno autonómico. Entre los objetivos de la comisión se encuentra aclarar si la empresa Blue Solving, encargada de la mina, operaba dentro del marco legal establecido, ya que las primeras indagaciones sugieren que podría haber habido extracciones irregulares de carbón en el área donde ocurrió la explosión.

Las audiencias se reanudarán en septiembre, comenzando con funcionarios de la administración autonómica. Una vez que se concluyan las comparecencias, la comisión tendrá un plazo de dos meses para emitir un dictamen con las conclusiones alcanzadas. Los grupos parlamentarios tendrán la posibilidad de presentar votos particulares acerca del dictamen global.

Finalmente, el dictamen y esos votos particulares serán discutidos en el Pleno, donde se votará primero el dictamen en sí, diferenciando entre ambos. Tanto el dictamen aprobado como los votos particulares serán publicados en el Boletín Oficial de la Junta General y comunicados al Consejo de Gobierno, y, si se recomienda, al Ministerio Fiscal para las acciones pertinentes.