La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha lanzado este jueves en Gijón un ambicioso esfuerzo para promover la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, calificando esta propuesta como "un proyecto de país", un "avance sin precedentes" en la historia laboral del país.

Díaz enfatizó que la resistencia que enfrenta esta iniciativa proviene no solo de la patronal y los poderes económicos, sino que también refleja una lucha frente a fuerzas políticas que buscan poner en peligro los derechos fundamentales de la población. Según la ministra, en un contexto global marcado por conflictos y el ascenso de líderes como Donald Trump y Javier Milei, esta propuesta encarna una fuente de esperanza para quienes sufren en estos tiempos difíciles.

En un acto titulado "Trabayar menos, vivir meyor", que tuvo lugar en el Centro Municipal de El Coto, la ministra estuvo acompañada por figuras destacadas del ámbito político y sindical, incluyendo al consejero de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado, Ovidio Zapico, y representantes de UGT y CCOO Asturias. Durante su discurso, Díaz expresó su convicción de que existe una razón para tener esperanza y que están decididos a ganar esta "batalla", de la misma manera que se logró con el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

La ministra cuestionó si es posible vivir dignamente en España con un salario medio de 1.599 euros mensuales, abogando por que los beneficios empresariales y los márgenes de ganancia finalmente fluyan hacia los trabajadores. Al mismo tiempo, subrayó la alarmante cifra de tres millones de horas extra no remuneradas realizadas semanalmente en el país, lo que evidencia el agotamiento de la fuerza laboral.

Esta problemática subraya la urgencia de implementar una modificación del registro horario que facilite la labor de la Inspección de Trabajo, asegurando que las jornadas laborales sean transparentes y controladas. En respuesta a los temores sobre la ciberseguridad relacionados con un sistema digital, Díaz desestimó las preocupaciones expresadas por el ex presidente José María Aznar, así como los argumentos que sugieren que la reducción de la jornada podría incrementar el absentismo laboral.

Además, la propuesta también incluye la garantía del derecho a la desconexión, permitiendo que los trabajadores no tengan que responder a comunicaciones laborales fuera de su jornada. La ministra aclaró que las sanciones por incumplimientos se individualizarán, reduciendo así el impacto económico que antes se aplicaba de forma general.

Por otro lado, Díaz destacó que esta iniciativa es un paso hacia la redistribución de la riqueza y de los tiempos de trabajo, aspirando a ofrecer una nueva esperanza a los empleados. Con un fuerte énfasis en el feminismo, la ministra también mencionó cómo esta medida contribuiría a la lucha contra el cambio climático al disminuir las emisiones de CO2, así como su relación directa con la salud mental de los trabajadores, afectada por largas jornadas laborales y condiciones de precariedad.

Acusando a los detractores de esta propuesta de ser numerosos y variados, Díaz instó a los presentes a movilizarse en defensa de esta iniciativa, recordando los obstáculos que el Partido Popular había presentado ante la aprobación del decreto Ómnibus. "El Gobierno tiene fuerza, tenemos ideas", reafirmó la ministra, subrayando su determinación de no dejar que quienes se oponen a este cambio prevalezcan.

El consejero Zapico, también presente, advirtió sobre la fallida narrativa de la derecha que intenta presentar a España como un país en crisis, a pesar de los indicadores económicos positivos. En su visión, la reducción de la jornada laboral es clave para que las personas trabajen menos y disfruten de más tiempo libre, lo que a su vez podría beneficiar la cohesión social y el bienestar colectivo.

El consejero hizo un llamado a la unidad entre fuerzas progresistas para abordar también el serio problema de acceso a la vivienda, insistiendo en que el mercado no se regulará por sí solo. En este sentido, enfatizó la importancia de un pacto social para garantizar viviendas dignas y asequibles.

Por otro lado, el portavoz parlamentario de Sumar Asturias, Xabel Vegas, resaltó la naturaleza "histórica" de la propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas, pero también dejó claro que no se conforman con ello y que la meta es alcanzar unas jornadas de 32 horas y cuatro días a la semana sin recortes salariales. Agradeció a Díaz por no haberse sometido a la presión de los empresarios y añadió que esta medida, además, podría incrementar la productividad y competitividad de las empresas.

Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias, destacó la urgencia de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, vaticinando que es una "necesidad de primera orden". También advirtió sobre una ola reaccionaria que amenaza los derechos laborales, situando entre sus principales exponentes al presidente estadounidense Donald Trump. En su intervención, hizo un llamado a la UE para que implemente políticas que protejan la actividad productiva y eviten la exclusión social a través de fronteras cerradas o restricciones migratorias.

Finalmente, Esther Barbón de CCOO Asturias enfatizó que el actual buen rendimiento de la economía española, junto a los márgenes históricos de las empresas, permiten una reducción en las horas de trabajo. Barbón también rechazó las afirmaciones apocalípticas de la presidenta de la FADE, María Calvo, en relación a esta propuesta. Con una concentración convocada para gritar "que con los derechos de las personas no se juega", los representantes sindicales reafirmaron su compromiso con la lucha por la justicia laboral y el bienestar social.