Las organizaciones WWF y Ecologistas en Acción han expresado su preocupación por la situación crítica del lobo en España, advirtiendo que su población se encuentra estancada. En declaraciones recientes, ambas ONGs han resaltado la necesidad de reincorporar a esta especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), tras la publicación de un censo que estima la existencia de 333 manadas y entre 1.600 y 1.700 individuos en todo el país.

Luis Suárez, coordinador de conservación de WWF, subrayó que los motivos que llevaron a incluir al lobo en el LESPRE siguen vigentes. Más allá de los números, se reconoce el valor ecológico, económico y social de esta especie. Sin embargo, los últimos datos reflejan que la población continúa en una situación preocupante. Según Suárez, el crecimiento anual del lobo es de solo un 1%, un porcentaje alarmante en comparación con otras regiones de Europa, donde se registran incrementos mucho mayores.

Este estancamiento se atribuye a la persecución que ha sufrido el lobo a lo largo del tiempo y a la preocupante falta de variabilidad genética, que dificulta su expansión. Suárez también denunciaba que la reciente eliminación del lobo del LESPRE se basó más en decisiones políticas que en evidencias científicas, lo que ha llevado a una gestión desigual que favorece a intereses específicos en varias comunidades autónomas.

Por su parte, Ecologistas en Acción ha cuestionado abiertamente la veracidad de los datos proporcionados por las administraciones locales, señalando que las metodologías empleadas para el censo son discutibles. Theo Oberhuber, portavoz de la ONG, argumentó que, a su juicio, el número real de manadas es inferior al oficial y criticó la lógica de aplicar planes de control del lobo que contrarían la realidad de su estado de conservación.

Oberhuber hizo hincapié en que, según la Directiva Hábitats, la caza de especies en peligro no debe realizarse basándose en límites autonómicos, ya que los lobos no reconocen tales divisiones. Además, instó a las autoridades a escuchar las advertencias científicas y reintegrar al lobo en el LESPRE, pues la separación entre las poblaciones del norte y del sur del Duero resulta obsoleta.

A pesar de que Ecologistas en Acción busca la reincorporación del lobo en el marco legal, Oberhuber sostuvo que la responsabilidad recae en el Gobierno y en el área de Transición Ecológica para llevar a cabo las acciones necesarias. Juantxo López de Uralde, coordinador federal de Alianza Verde, reiteró que el nuevo censo desmiente los mitos sobre el aumento exponencial de la población de lobos y resalta la necesidad urgente de restablecer su protección estricta.

Uralde también señaló que el crecimiento de la población es mínimo y argumentó que esto refuerza todos los esfuerzos legales en curso para frenar la reanudación de la caza en comunidades autónomas como Asturias, Cantabria y Galicia. La protección del lobo no es solo una cuestión ética, sino también una necesidad fundamental para asegurar la estabilidad de los ecosistemas en los que habita. Su retorno al LESPRE debe ser una prioridad innegociable.