El trágico accidente en la mina de Cerredo, ubicada en el municipio asturiano de Degaña, ha llamado la atención del partido Vox, que ha decidido llevar la situación al Congreso de los Diputados. En este incidente, ocurrido el pasado 31 de marzo, cinco operarios perdieron la vida y otros cuatro resultaron heridos. El partido solicita que el Gobierno central brinde explicaciones al respecto.

José María Figaredo, diputado por Asturias y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario, ha planteado una serie de interrogantes sobre las subvenciones otorgadas por el Instituto para la Transición Justa a la empresa minera, así como sobre la legalidad de los permisos que permitieron su funcionamiento. Su propósito es arrojar luz sobre estos aspectos después de la tragedia.

Figaredo destaca que, según la información divulgada, la Delegada del Gobierno en Asturias mencionó que la mina contaba con dos autorizaciones de investigación, pero carecía del permiso necesario para operar en la planta donde se produjo la explosión, que resultó fatal para los cinco mineros. Este hecho plantea serias dudas sobre la gestión regulatoria de la actividad minera en la región.

El diputado asturiano también señala que, a pesar de lo anterior, una inspección realizada el 23 de septiembre concluyó que la mina tenía los permisos requeridos para llevar a cabo las labores de investigación en curso. Sin embargo, este hallazgo no coincide con las denuncias previas de mineros que habían advertido sobre las irregularidades en el funcionamiento de la mina, la cual había recibido cerca de un millón de euros en financiación el año pasado para su transición ecológica.

Por esta razón, Figaredo formuló preguntas sobre los criterios utilizados para conceder la subvención, así como sobre la información que la Delegación del Gobierno en Asturias poseía que confirmara la legalidad de las operaciones mineras. También busca aclarar en qué consistió la investigación del caso y qué criterios se aplicaron para determinar que las actividades que se llevaban a cabo eran compatibles con los permisos otorgados.

El diputado también se muestra interesado en saber si el Gobierno ha tenido acceso a los motivos que llevaron a la concesión de los permisos de investigación para la mina de Cerredo. En este contexto, menciona un incidente anterior, ocurrido en 2022, en el que otro trabajador perdió la vida en la misma mina, lo que resalta un patrón preocupante en la seguridad laboral en el sector.

Figaredo indica que una investigación llevada a cabo tras el accidente de 2022 reveló que la empresa Combayl, responsable de la mina, había operado sin los permisos adecuados, contratando personal no capacitado y suministrando vehículos en condiciones deficientes a sus trabajadores. Tras este trágico evento, la empresa Blue Solving asumió el control de la mina y, recientemente, obtuvo un permiso de investigación limitado, lo cual genera preocupación sobre la seguridad de las operaciones actuales.

El 12 de marzo, el Gobierno de Asturias recibió una denuncia advirtiendo sobre actividades extractivas no autorizadas en la mina, que exigía la revocación de los permisos. A pesar de ello, no se tomaron medidas concretas, lo que finalmente resultó en la muerte de cinco trabajadores en estas instalaciones, que ya estaban bajo sospecha.

Ante este contexto, Figaredo solicita explicaciones sobre si el Gobierno está al tanto de que la mina de Cerredo sigue siendo explotada por una empresa familiar vinculada a Jesús Manuel Rodríguez, y si se ha requerido información adicional al gobierno regional respecto a la concesión de permisos para la empresa asociada con Rodríguez Morán.