OVIEDO, 24 de julio.

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado penas que suman un total de 25 años y 4 meses de prisión para los padres acusados de mantener a sus tres hijos en un estado de aislamiento extremo en su hogar de Fitoria, Oviedo, durante casi cuatro años, enfrentando cargos por violencia psicológica habitual y detención ilegal.

El informe del Ministerio Fiscal, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, detalla que, desde diciembre de 2021 hasta el 28 de abril de 2025, la madre, ciudadana estadounidense, y el padre, alemán, vivieron en una casa unifamiliar con sus hijos menores, habiendo trasladado su vida desde Alemania a Asturias, según ha indicado la Fiscalía.

En esta vivienda, únicamente el padre estaba empadronado, mientras que la madre y los niños no figuraban en ningún registro público, ya sea escolar o de asistencia social. Durante estos años, los padres, en complicidad, ignoraron sus responsabilidades de cuidado y protección, privando a sus hijos de las necesidades fundamentales en educación, salud, y desarrollo emocional y social.

Los menores fueron mantenidos completamente aislados dentro del hogar, sin contacto con el mundo exterior. No solo no conocían a familiares, sino que tampoco tuvieron interacción con nadie más que con sus padres. Durante casi cuatro años, los niños no salieron al jardín de la vivienda, ya que sus padres alimentaban un miedo infundado sobre el contagio de enfermedades, lo que les llevó a no escolarizarlos en ningún centro educativo en España.

En lugar de recibir educación formal, los niños aprendieron de forma autodidacta o con escasa ayuda de sus progenitores, de tal modo que dos de ellos, cuando fueron descubiertos a los ocho años, no sabían leer ni escribir. Además, la atención sanitaria fue inexistente: la última consulta médica a la que asistieron fue en 2019, y sus padres asumieron la responsabilidad de diagnosticar sus problemas de salud cuando los presentaban.

En el hogar había una cantidad considerable de medicamentos adquiridos sin receta médica, lo que pone de manifiesto una falta de responsabilidad en la atención sanitaria básica. Asimismo, los menores experimentaban problemas serios de control de esfínteres, resultados del uso prolongado e inadecuado de pañales. Las condiciones de la vivienda eran deplorables, con una notable falta de higiene y acumulación de basura en numerosas estancias.

LOS NIÑOS TENÍAN UNA POSTURA INADECUADA

Además, el mobiliario no era adecuado para sus necesidades. Los gemelos dormían en cunas a las que habían retirado los barrotes, mientras que su hermano mayor utilizaba una cama de tamaño inadecuado para su edad. Al ser encontrados, los menores mostraban signos físicos de haber sido maltratados, con articulaciones encorvadas, dificultad para caminar y problemas en la piel. La primera vez que salieron al exterior, tras ser liberados de esta situación, mostraron asombro por el entorno que les rodeaba.

Las consecuencias de estos hechos han llevado a los menores a desarrollar problemas de socialización, lo que dificultará su reintegración en la sociedad. El Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo decidió el 30 de abril de 2025 mantener a los padres en prisión provisional y retirarles la patria potestad, transfiriendo esta responsabilidad al Principado de Asturias, a través de su Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

El 6 de mayo de 2025, esta Consejería decidió declarar a los menores en estado de desamparo y asumir su tutela.

CALIFICACIONES DELICTIVAS Y PENAS SOLICITADAS

La Fiscalía ha argumentado que los hechos constituyen tanto un delito de violencia psicológica habitual, según los artículos 173.2 y 57, como tres delitos de detención ilegal (artículos 163.1, 3, 165 y 57), con la agravante de parentesco en el caso de ambos acusados.

Solicitan que cada acusado sea condenado a penas de 2 años y 4 meses de prisión por violencia psicológica habitual, además de inhabilitaciones para ejercer el derecho de sufragio, tenencia de armas y patria potestad, junto a otras restricciones de aproximación y comunicación con los menores por varios años. Por cada uno de los delitos de detención ilegal en conjunto con abandono de familia, se piden 7 años y 8 meses de prisión, así como otras inhabilitaciones y prohibiciones.

Asimismo, el Ministerio Fiscal exige que los acusados indemnizan a cada uno de los menores con 15.000 euros por los daños morales causados, incluidos los intereses legales pertinentes.