OVIEDO, 23 de octubre.

José Catalino Fernández, representante de la Comisión de Seguridad Minera de Asturias y miembro del sindicato SOMA-FITAG-UGT, ha comparecido hoy ante la Junta General en el marco de la investigación sobre la mina de Cerredo. Durante su intervención, Fernández ha expuesto la creciente fragmentación del sector minero, que ha visto cómo pequeñas empresas emergen en lugar de las grandes corporaciones que tradicionalmente dominaban esta industria, lo que plantea serios retos en términos de seguridad y representación de los trabajadores.

Durante su testimonio, Fernández ha respondido a las preguntas de los diputados presentes, señalando que la situación actual del sector es preocupante. “Hemos pasado de un modelo donde tanto las empresas públicas como las privadas podían gestionar los trabajos con un control adecuado, a una estructura compuesta por numerosas pequeñas empresas que operan de manera más dispersa,” comentó. Esta dinámica, según su análisis, no solo afecta la seguridad en las minas, sino que también limita la influencia sindical en las distintas explotaciones.

El sindicalista destacó que en las empresas donde hay representación sindical, los trabajadores suelen estar más involucrados en la supervisión de sus condiciones laborales y de seguridad. “Cuando no existe esta representación, el riesgo se incrementa y las inspecciones se complican,” subrayó, poniendo en relieve la necesidad de un marco adecuado de protección para los trabajadores en estas pequeñas explotaciones.

Fernández también realizó una crítica a la Administración, que según él, debe intensificar los esfuerzos de seguimiento sobre cada una de las empresas mineras. Al referirse a un accidente ocurrido en 2022 y a la transferencia de derechos mineros de Combayl a Blue Solving, señaló que las inspecciones realizadas fueron insuficientes. “Un número mayor de inspecciones podría obligar a las empresas a mejorar sus estándares de seguridad,” argumentó, añadiendo que a menudo ciertos incumplimientos pueden pasar desapercibidos si las empresas limitan el acceso a áreas específicas.

El representante sindical destacó que las condiciones en las minas son diferentes a otros entornos laborales, y alertó sobre las posibilidades de que irregularidades se oculten. “Incluso si se aumenta la frecuencia de las visitas de los inspectores, si la empresa decide ocultar información, puede hacerlo,” advirtió, refiriéndose a la dificultad en la supervisión de actividades no oficiales en la mina de Cerredo.

El tema de la inspección en áreas no habilitadas también fue abordado por Fernández, quien explicó que los inspectores deben asegurarse de que tales áreas sean seguras para su visita. “Es responsabilidad del inspector exigir que se faciliten los accesos necesarios para garantizar una inspección exhaustiva,” enfatizó.

Finalmente, al ser cuestionado sobre el nivel de conocimiento de las autoridades sobre los vínculos empresariales y las irregularidades encontradas, Fernández expresó su preocupación por la falta de información transparente. “Es crucial un intercambio de información, pero no tengo claro hasta qué punto llega la comunicación entre las autoridades y las empresas implicadas,” concluyó.