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PP y CSIF exigen anular el anteproyecto de Ley de Salud Escolar por otorgar "funciones de salud" a maestros.

PP y CSIF exigen anular el anteproyecto de Ley de Salud Escolar por otorgar

OVIEDO, 23 Oct. — En una clara respuesta a la reciente propuesta de la Consejería de Salud, la portavoz de Educación del Partido Popular de Asturias, Gloria García, junto al presidente del Sector de Educación de CSIF Asturias, Jorge García Caro, han exigido este jueves la "retirada inmediata" del Anteproyecto de Ley de Salud Escolar. Los representantes han argumentado que el documento asigna a los docentes "responsabilidades sanitarias" que no deberían recaer sobre ellos.

García ha criticado la falta de concreción en los contenidos del proyecto y la ausencia de una memoria económica, resaltando que la propuesta desplaza la gestión de la salud escolar hacia los educadores, quienes no cuentan con la formación sanitaria necesaria. "No se puede pedir a un docente que asuma funciones que no le corresponden, sin importar cuánta capacitación se les ofrezca", ha afirmado contundentemente.

En este contexto, la diputada ha subrayado la urgencia de implementar enfermería escolar, defendiendo que esta figura debería ser la encargada de cuidar la salud de los alumnos con necesidades médicas específicas. Su postura fue respaldada por Caro, quien también ve la necesidad de que profesionales sanitarios manejen estas responsabilidades.

Además, Caro ha expresado su preocupación por la obligación que tendría el personal docente de manejar medicación y gestionar patologías crónicas sin la capacitación adecuada ni el soporte legal necesario. "Nos están pidiendo que supervisemos la insulina de un estudiante o que administremos medicación en situaciones críticas, algo que claramente excede nuestras competencias", ha declarado.

El presidente de CSIF ha reiterado que los educadores no están preparados ni deberían ser responsables de tales tareas. "Es inaceptable que se les impongan estas cargas, y este anteproyecto es un claro ejemplo de ello", ha manifestado.

Además, Caro ha planteado serias interrogantes sobre la implicación que tendría esta normativa, ya que obligaría a los maestros a gestionar datos médicos de los estudiantes, incluyendo historiales y tratamientos. "¿Se espera que un profesor memorice no solo las condiciones de salud de cada alumno, sino también cómo actuar en cada caso?", se ha cuestionado.

El líder sindical ha advertido sobre las consecuencias que podría tener este anteproyecto, sugiriendo que, en caso de un incidente, la responsabilidad caerá sobre la persona que promueva esta ley.

Por todo lo expuesto, García y Caro han demandado la "retirada inmediata" del anteproyecto y exigen una respuesta por parte de la Consejería de Educación, señalando que su responsable, Eva Ledo, no ha manifestado opinión alguna hasta el momento.

Ambos han coincido en que el anteproyecto ignora las preocupaciones planteadas por sindicatos y grupos opositores, subrayando que esta iniciativa podría poner en riesgo la salud de los estudiantes y generar responsabilidades legales para los docentes. Caro ha añadido que, salvo por la respuesta positiva de CCOO, el proyecto fue rechazado por el resto de sindicatos en la segunda Mesa General con la Consejería de Educación.