OVIEDO, 16 de junio. En un caso que pone de relieve la preocupante situación del consumo de drogas entre los más jóvenes, la Fiscalía del Principado de Asturias ha pedido una pena de ocho años de cárcel para un hombre acusado de proporcionar cocaína y hachís a adolescentes en la localidad de Avilés. La audiencia se llevará a cabo este martes, 17 de junio, a las 11:30 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, ubicada en Oviedo.

Según la acusación del Ministerio Fiscal, el individuo, originario de la República Dominicana y nacido en 1989, habría estado facilitando el acceso a estas sustancias ilegales a menores desde noviembre de 2021. Su comportamiento no se limitó a un solo incidente, sino que se extendió tanto dentro de su vivienda en Avilés como en otros lugares, poniendo en riesgo la salud de los jóvenes.

A pesar de que el acusado no utilizó a los menores como distribuidores, su conducta ha generado una gran preocupación. En noviembre de 2021, se alega que entregó dos gramos de hachís al hijo de su expareja, un menor de solo 14 años que además contaba con diagnósticos de hiperactividad y afecto desinhibido, factores que lo hacían especialmente vulnerable.

El relato de la Fiscalía continúa señalando que el 15 de diciembre de 2021, el acusado suministró una cantidad indeterminada de cocaína a dos amigos del menor, quienes tenían 15 años en ese momento. Esta sustancia, junto con hachís, fue consumida por los adolescentes en el interior de su hogar, lo que genera serias alarmas sobre la seguridad y bienestar de los jóvenes involucrados.

Posteriormente, el 19 de diciembre de 2021, en la estación de tren de El Berrón, Siero, el acusado entregó a uno de los menores dos bolsas con marihuana, permitiendo así que continuaran con su consumo. En la actualidad, el individuo se encuentra en situación regular en España, disponiendo de una residencia permanente como familiar comunitario y gestionando su solicitud para obtener la nacionalidad española, iniciado el 21 de abril de 2021.

La Fiscalía considera que estos actos constituyen un delito contra la salud pública, enfatizando la gravedad de facilitar el consumo de drogas a menores de edad. Por lo tanto, han solicitado una condena que no solo incluye la pena de prisión, sino también la inhabilitación especial para el derecho a sufragio pasivo durante el periodo de la condena, obligando además al acusado a hacerse cargo de las costas legales generadas por el proceso.

Conscientes de la necesidad de enviar un mensaje claro que disuada otros posibles delitos contra la salud pública, y de acuerdo con las directrices de la Fiscalía General del Estado, la acusación ha decidido no solicitar la expulsión del territorio nacional del acusado como alternativa a la pena de prisión.