OVIEDO, 11 de diciembre.

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, ha expresado este miércoles en la comisión de Hacienda su inquietud respecto al proyecto presupuestario para 2025, afirmando que "la actual estructura presupuestaria no puede continuar indefinidamente". Sus palabras subrayan la necesidad de prever un futuro más sostenible en la gestión de recursos públicos.

Calvo ha enfatizado la urgencia de asegurar que, ante la inevitable reducción de ingresos, no se limite la capacidad de invertir. "Ya se percibe que en los lugares donde han desaparecido los fondos MRR, la inversión ha caído de manera significativa. Han pasado solo tres meses desde que firmamos la concertación social, y el compromiso explícito de mantener una inversión mínima en la modernización de infraestructuras clave como carreteras, puertos, y sistemas de agua y transporte, se ha visto comprometido”, ha destacado. "No solo no han aumentado en la cuantía prometida, sino que han disminuido", añadió la presidenta.

Desde la patronal asturiana, consideran que es fundamental abordar con cautela las decisiones de política presupuestaria. En este contexto, subrayaron que el presupuesto de 2025 se sustenta nuevamente en ingresos fiscales y transferencias excepcionales, lo que plantea interrogantes sobre su sostenibilidad a largo plazo.

Calvo ha señalado que aunque los presupuestos estén en aumento, el crecimiento se debe principalmente a un incremento en la recaudación de impuestos. “No es necesario subrayar que las rentas y contribuyentes no crecen al mismo ritmo”, ha reflexionado.

Asimismo, ha puesto de relieve el "significativo aumento del gasto en personal”, que ha crecido un 6,1% este año y acumula casi un 20% desde 2022, lo que representa aproximadamente 400 millones de euros.

La baja ejecución del presupuesto de este año ha sido otro de los puntos que Calvo ha lamentado. Desde FADE, sostienen que "es esencial garantizar estándares óptimos de ejecución para alcanzar los objetivos ambiciosos acordados en la concertación social”.

“No dejaré de ser optimista en que mejorarán los niveles de ejecución, permitiéndonos avanzar en la inversión en toda Asturias. Considero que este es un reto compartido en el que todos estamos involucrados; una oportunidad para contribuir a una mejora tangible de la actividad económica y el empleo”, manifestó Calvo, pleno de esperanza hacia el futuro.

Entre los que también comparecieron en la comisión de Hacienda, se encontraba el presidente de la Asociación de Empresa Familiar Asturias (AEFAS), Iñigo Cabal Alonso, quien centró su intervención en aspectos relacionados con la fiscalidad. Cabal observó que otras comunidades autónomas han implementado deducciones y bonificaciones que, en la práctica, han reducido a mínimos el impuesto de Sucesiones y Donaciones, mientras que en Asturias “somos los últimos y probablemente pronto seremos los únicos”, remarcó insistentemente.

El presidente de AEFAS sugirió que estos presupuestos están artificialmente impulsados por fondos europeos que aún estamos por recibir, pero “no se está aprovechando para hacer una administración más eficiente”.

“Los procesos burocráticos continúan siendo un obstáculo significativo para la inversión y la creación de riqueza y empleo”, concluyó Iñigo Cabal, enfatizando la necesidad de modernizar la gestión pública.

La primera en tomar la palabra en la comisión de Hacienda fue la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Cecilia Pérez, quien expuso algunas de las propuestas clave que los ayuntamientos han presentado para observar en las cuentas de 2025.

Pérez destacó el agradecimiento de la Federación por el reconocimiento de algunas de sus propuestas, aunque también enfatizó que aún quedan cuestiones recurrentes por resolver, como la gestión directa de zonas especiales de salud y las ayudas para la reclasificación de las policías locales, así como mejoras en sus dotaciones.

Una de las propuestas que sí fueron incorporadas se refiere al impuesto sobre los depósitos en vertederos. En particular, la FACC pide que la totalidad de los ingresos municipales obtenidos por este concepto se destinen directamente a los ayuntamientos, a través de ayudas, subvenciones u otros mecanismos que permitan una gestión más eficiente de los residuos a nivel local.

“Estas ayudas o subvenciones deben ser, además, complementarias y no sustitutorias de las líneas ya existentes, y no deberían tener un carácter finalista más allá de su utilización en la mejora de la gestión local de residuos”, afirmó Pérez, incidendo en la importancia de una política coherente y efectiva en la gestión ambiental.