OVIEDO, 15 de octubre.

En un caso que ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades que enfrentan las personas en situaciones difíciles, una mujer de nacionalidad marroquí ha sido condenada a dos años de prisión por haber estafado a una compatriota por un total de 25.000 euros. La acusada aprovechó la delicada situación de su víctima, a quien hizo creer que el dinero era necesario para realizar pagos a diversas entidades y así evitar que le quitaran la custodia de sus cuatro hijos.

La relación entre ambas mujeres comenzó en 2022, cuando la acusada, residente en Oviedo, se ofreció a ayudar a la denunciante, también marroquí, actuando como traductora en su proceso de divorcio, dado que la víctima no dominaba el español. Sin embargo, a partir de septiembre de ese mismo año, la acusada comenzó a manipular la situación, convenciendo a la mujer de que necesitaba realizar transferencias periódicas a una cuenta que pretendía ser oficial, bajo la falsa premisa de que así podría mantener la custodia de sus hijos. Lo que la denunciante no sabía es que en realidad esa cuenta pertenecía a la menor hija de la acusada.

A lo largo de este engaño, la víctima hizo transferencias que sumaron 25.000 euros, el último ingreso se registró en septiembre de 2023. Desesperada por la posibilidad de perder a sus hijos y enfrentándose a una precaria situación económica como limpiadora que trabaja de manera eventual, tuvo que recurrir a la generosidad de familiares y amigos para poder cubrir estas obligaciones financieras, lo que ha exacerbado aún más su ya complicada situación.

En el marco del proceso judicial, la acusada logró abonar 15.000 euros antes del juicio, en un intento de mitigar parte de la responsabilidad civil establecida por la estafa. Los hechos fueron tipificados como un delito continuado de estafa, según lo estipulado en el artículo 250.1.4º del Código Penal, con una atenuante por la reparación del daño.

Tras admitir su culpabilidad, la mujer aceptó una condena de dos años de prisión, junto a una inhabilitación especial que le restringe el derecho a ser elegida durante su tiempo de condena. Además, deberá pagar una multa diaria de 5 euros durante un período de siete meses, con la posibilidad de enfrentar responsabilidad subsidiaria en caso de no cumplir. Como parte de la indemnización, está obligada a restituir los 25.000 euros a la denunciante, junto con los intereses legales correspondientes.