OVIEDO, 11 de octubre.

Un amplio frente de organizaciones, incluyendo Uita, las cooperativas de transportistas y la Plataforma Ciudadana Peaje del Huerna No!, junto con el exdiputado Daniel Ripa, quien lideró la denuncia ante la Comisión Europea por la legalidad del peaje del Huerna, han convocado a la ciudadanía a participar en una gran manifestación programada para el próximo sábado 18 de octubre en Oviedo. Esta acción busca reclamar la eliminación urgente de los peajes de las autopistas AP-66 y AP-9, ya declarados ilegales por la Comisión Europea en 2021.

La convocatoria está fijada para las 12:00 horas, en la Plaza de España, frente a la Delegación del Gobierno en Asturias. Los organizadores esperan una movilización masiva, argumentando que se trata de un "agravio histórico" hacia la ciudadanía y la economía del noroeste español.

La AP-66, que conecta Asturias con la Meseta, figura como una de las autopistas más costosas del país y cuenta con una concesión que se extiende por más de cincuenta años. La Plataforma señala que esta situación se ha transformado en "un obstáculo económico" para transportistas, familias y empresas, quienes se ven obligados a asumir sobrecostes y carecen de rutas alternativas viables, lo que frena el desarrollo y agrava el aislamiento estructural de regiones como Asturias, León y Galicia.

Entre las principales demandas de los convocantes se encuentran:

- La eliminación inmediata y definitiva del peaje en el Huerna y la AP-9.

- La devolución de las tarifas cobradas de manera ilegal desde 2021.

- La formulación de una política de infraestructuras alineada con la legislación europea, que garantice la igualdad territorial.

- Un plan de inversiones sostenible y justo para el noroeste del país.

Los organizadores recuerdan que la Comisión Europea invalidó en julio de este año la prórroga de la concesión de la AP-66, que fue acordada en 2003 durante el mandato de José María Aznar y que se mantenía vigente hasta 2050. Adicionalmente, critican la continuidad de los peajes en la AP-9 gallega y subrayan que todo cobro realizado desde el 17 de octubre de 2021 es contrario a la legislación europea.

A pesar de esto, denotan que el Ministerio de Transportes, bajo la dirección de Óscar Puente, ha optado por seguir con la recaudación de estas tarifas, en clara violación de las normativas europeas y perpetuando una situación de injusticia que afecta severamente al noroeste del país.