OVIEDO, 1 de julio.

La Fiscalía del Principado de Asturias ha instado a un tribunal a imponer una pena de 8 años de cárcel a un individuo procesado por mantener relaciones sexuales consensuadas con una menor de tan solo 15 años en Oviedo. Este caso fue examinado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y la decisión se encuentra ahora en manos de los magistrados.

El acusado, un hombre de origen peruano y nacido en 1991, se encontró con la menor a través de un lazo familiar, al conocer a la madre de una tía política de la joven. El 14 de octubre de 2023, la menor se comunicó con él en busca de ayuda tras haber suspendido un examen, temiendo el regaño de su madre, y fue recogida por el hombre en su coche para llevarla a su domicilio.

Según el relato del Ministerio Fiscal, durante su estancia en la vivienda, el procesado y la menor compartieron una cena y, a pesar de ser consciente de su edad, comenzaron a besarse y a mantener relaciones sexuales sobre las 21:30 horas. La relación continuó al día siguiente, hasta que el procesado decidió marcharse al enterarse de la denuncia interpuesta por la familia de la menor, temiendo posibles repercusiones legales.

Posteriormente, la menor se dirigió a casa de sus tíos, donde les confió lo ocurrido, y luego retornó a su hogar. A pesar de no manifestar un sufrimiento psicológico severo relacionado con los hechos, se ha observado un impacto negativo en su estado anímico, debido a su juventud e inexperiencia en este tipo de relaciones.

El 17 de octubre de 2023, un auto judicial prohibió al acusado acercarse a la menor, a su hogar o a su escuela, así como a cualquier lugar que ella frecuentase, estableciendo una distancia mínima de 500 metros, y se le prohibió todo tipo de comunicación con ella.

La Fiscalía ha calificado los acontecimientos como constitutivos de un delito de agresión sexual a menores de 16 años, conforme a los artículos 181.1 y 4 y 192.1 y 3 del Código Penal.

Por consiguiente, la Fiscalía ha solicitado una condena de 8 años de prisión, además de la inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de la pena; y se adhiere a la prohibición de acercarse a la menor o comunicarse con ella, vigente por diez años. A esto, se suman 5 años de libertad vigilada y la inhabilitación especial para ejercer derechos de patria potestad y otras formas de tutela por cuatro años, así como la inhabilitación para cualquier actividad que implique contacto regular con menores por un periodo de 13 años y un día.

De acuerdo con el artículo 89.2 del Código Penal, cualquier pena privativa de libertad se cumplirá en su totalidad, contemplando la posibilidad de expulsar al condenado del territorio nacional por diez años solamente si logra el tercer grado o la libertad condicional. Adicionalmente, el Ministerio Fiscal solicita una indemnización de 5,000 euros a favor de la menor por concepto de daños morales.