Los sindicatos han alzado la voz en Gijón para expresar su preocupación ante una potencial privatización de servicios públicos municipales, una situación que, según ellos, podría comprometer gravemente la calidad y eficacia de estos servicios esenciales para la ciudadanía.

Las secciones sindicales que operan en las empresas públicas Emtusa, Emulsa y EMA, agrupadas en una plataforma unida, han emitido un comunicado en el que detallan su firme decisión de abogar por la defensa de estos servicios y asegurar que se mantengan bajo gestión pública. Este esfuerzo colectivo surge en respuesta a la creciente inquietud que la actual gestión del Gobierno municipal está provocando tanto entre los trabajadores como entre la población en general.

Los sindicatos han apuntado que las decisiones recientes tomadas por las autoridades podrían estar diseñadas para desmantelar las bases que sostienen estos servicios públicos. "Nos preocupa enormemente que las directrices adoptadas estén orientadas a debilitar la estructura operativa de estas empresas que, históricamente, han sido pilares fundamentales en nuestra comunidad", han señalado en su declaración.

En el caso de Emulsa, han destacado situaciones alarmantes como la reciente adquisición de camiones para la limpieza de contenedores que, según los representantes sindicales, no se ajustan a las necesidades del servicio. Además, han denunciado la tendencia a externalizar tareas esenciales, como la poda en la brigada de arboricultura y el mantenimiento de estanques, así como la decisión de renunciar a la gestión de los puntos limpios, lo que consideraron un claro indicio de desinterés por la gestión pública.

La situación ha sido catalogada como preocupante por los sindicatos, quienes además han denunciado un ambiente hostil hacia aquellos que cuestionan la gestión actual. "La presión sobre los que se atreven a plantear dudas sobre la administración es evidente, lo que refuerza la sospecha de que existe una intención deliberada de desmantelar nuestro modelo de servicios públicos", han declarado.

Por su parte, la llegada de un nuevo gerente vinculado al Partido Popular ha llevado a un deterioro significativo de los derechos laborales y la capacidad de representación sindical en Emulsa, según han explicado. La falta de diálogo y las decisiones unilaterales de la dirección han derivado en litigios legales ante modificaciones del convenio de trabajo que no cumplen con los principios de igualdad, mérito y capacidad, han añadido.

Los sindicatos han subrayado que la empresa además no ha cumplido con una sentencia judicial en primera instancia que favorecía sus peticiones, lo que refleja una clara falta de respeto por las resoluciones legales y un desdén por el diálogo social.

Asimismo, han alertado sobre la "enorme deuda" que la empresa mantiene con sus empleados, especialmente en lo que respecta a horas extra no remuneradas, así como en relación con la electrificación de las instalaciones y la necesidad urgente de nuevos vehículos eléctricos.

En lo que respecta a la EMA, los sindicatos creen que la gestión del ciclo integral del agua se ha visto afectada desde 2022, cuando se firmó un nuevo acuerdo de colaboración entre las distintas administraciones, dejando a la nueva depuradora del Este fuera del control adecuado y facilitando un camino hacia la privatización de este servicio esencial.

La plataforma sindical ha expresado su preocupación por la falta de recursos y medios en el servicio de alcantarillado, así como la escasa atención al mantenimiento de la red, lo que se traduce en una merma del mismo. Además, han puesto de relieve que la EMA contrata servicios de limpieza externos, a pesar de contar con una empresa pública dedicada a la limpieza y mantenimiento en el municipio.

Desde un ángulo laboral, han observado que la plantilla de EMA, que opera bajo un convenio prorrogado desde 2019, ha quedado rezagada respecto a otras áreas del personal municipal en lo que se refiere a derechos sociales y prácticas laborales sostenibles, como el teletrabajo.

Frente a estos desafíos, los sindicatos han hecho un llamado al Gobierno local para que repiense su estrategia y priorice el diálogo con los trabajadores, con el fin de asegurar que los servicios públicos continúen siendo un bien común que beneficie a toda la ciudadanía.