OVIEDO, 14 de julio.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha decidido rechazar las medidas cautelares que solicitaron UCA y COAG para frenar las elecciones agrarias programadas para el próximo 17 de julio, un acontecimiento que no se había llevado a cabo en más de dos décadas.

En un comunicado emitido este lunes, la Unión Rural Asturiana (URA) explicó que el tribunal argumenta que las organizaciones agrarias presentaron el recurso con retraso, en un momento en que el proceso electoral ya había avanzado considerablemente. El auto judicial menciona que la solicitud fue presentada el 23 de junio, más de un mes después de que se anunciara la convocatoria, el 16 de mayo.

Asimismo, el comunicado de URA incluye extractos del escrito de oposición a las medidas cautelares presentado por el abogado del Principado. En este documento se enfatiza que el Consejo Consultivo aprobó el decreto sin formular "ninguna" objeción significativa.

El abogado también desestima las consideraciones sobre el censo que plantearon UCA y COAG, señalando que "no se pueden considerar alegaciones al censo las peticiones genéricas de inclusión de grupos y colectivos" y subraya que "tales alegaciones deben ser presentadas por quienes ostentan el derecho", indicando que los solicitantes no cumplían con los criterios básicos de ser agricultores a título principal o no estaban registrados como tales.

El documento también menciona que "la elección de la fecha que coincide con las labores agrícolas de verano no puede ser un argumento válido para solicitar la suspensión" y que el sector agrario, en términos generales, ha demandado con insistencia que estas elecciones se realicen a la mayor brevedad posible, incluso a través de acciones judiciales.

En este contexto, URA ha recordado que las elecciones están reguladas por el Decreto 41/2025, de 14 de abril, y fueron convocadas mediante resolución el 14 de mayo. Este proceso electoral tiene como objetivo evaluar la representatividad del sector agrario, en un momento en el que han surgido nuevas organizaciones como URA y USAGA, además de dar cierre al régimen transitorio iniciado tras las últimas elecciones de la extinta Cámara Agraria en 2002.

En este entorno, el abogado del Principado advierte que "la prolongación de la situación actual perjudicaría a todos los involucrados en el sector, especialmente a la Administración Agraria", que requiere la existencia de "interlocutores legitimados por el triunfo de unas elecciones".