OVIEDO, 8 de abril. En una contundente crítica dirigida al Gobierno de Asturias, el diputado de Vox Gonzalo Centeno ha denunciado este martes la inacción de la administración regional en Degaña desde el trágico accidente minero de 2022. Centeno argumenta que, a pesar de los informes de la Guardia Civil y la Dirección General de Minería que alertaban sobre la extracción ilegal de carbón en la zona, no se ha tomado ninguna medida efectiva durante tres años.

El legislador se refiere específicamente al primer accidente ocurrido en agosto de 2022, donde un operario perdió la vida y otro minero sufrió la amputación de una pierna. En su declaración, Centeno recordó que la investigación posterior reveló actividades ilícitas de extracción de carbón, concluidas por las autoridades competentes. Asimismo, destacó que en mayo de 2023, las quejas sobre esta actividad ilegal y la falta de medidas de seguridad fueron elevadas a la Comisión de Seguridad Minera, en la que la entonces Directora General de Industria y Minería, Belarmina Díaz, actuaba como vicepresidente.

No obstante, Centeno apuntó que, a pesar de la supuesta clausura de la mina en octubre de 2023, un escrito anónimo enviado al Servicio de Atención Ciudadana advirtió sobre una nueva explotación ilegal, la cual se estaba llevando a cabo sin autorización y sin las debidas medidas de seguridad. Solo dos meses después, en diciembre de 2023, la Dirección General de Minas, bajo la dirección de Díaz, otorgó a una empresa recién constituida, Blue Solving, permisos para explorar la conversión del carbón en grafito y para retirar escombros de la mina de Cerredo.

El diputado también hizo hincapié en que, el 14 de marzo de 2025, Promining SA presentó una denuncia formal, tanto ante el Gobierno de Asturias como ante la Fiscalía, solicitando la anulación del permiso otorgado a Blue Solving. Trágicamente, poco después de esa denuncia, el 31 de marzo, se produjo un fatal accidente en la mina de Cerredo, resultando en la muerte de cinco mineros debido a una explosión de grisú.

Desde la perspectiva de Gonzalo Centeno, aunque la responsabilidad penal podría recaer sobre los directivos de las empresas involucradas, el asunto plantea una responsabilidad política ineludible. "Los políticos socialistas del Principado de Asturias han optado por ignorar este tema, reflejando una actitud irresponsable ante la administración pública. En circunstancias donde se han perdido vidas bajo su supervisión, lo razonable sería que asumieran la culpa y dimitieran", declaró.

Ante la gravedad de estos acontecimientos, Centeno enfatizó que su partido abogará por la creación de una Comisión de Investigación en la Junta General para esclarecer la situación. "Buscamos responder al dolor y al sufrimiento inocultables que han surgido de estos incidentes, mientras persisten serias dudas sobre la gestión del Gobierno socialista de Adrián Barbón", concluyó.