OVIEDO, 23 de junio. La situación en torno a Duro Felguera ha generado un intenso debate político en Asturias. Gonzalo Centeno, diputado de Vox, ha solicitado que el Gobierno del Principado aclare su implicación en los préstamos participativos otorgados a la empresa, uno de los cuales asciende a 6 millones de euros.

Durante su intervención en la Junta General, Centeno no escatimó en críticas hacia el Ejecutivo regional, así como hacia la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por su papel en el rescate de Duro Felguera. “La administración autonómica se ha visto involucrada en un asunto complicado y es imperativo que clarifique su rol. Se ha proporcionado una ampliación de crédito a una compañía que, según indican las señales, se encuentra abocada a una reestructuración que podría conllevar la liquidación de activos esenciales como el Tallerón, la división de su negocio y la posible eliminación de cerca de 200 puestos de trabajo”, afirmó, subrayando los peligros de que el Gobierno asturiano termine perdiendo más de lo invertido.

Centeno también expresó su preocupación por la falta de transparencia que, según él, muestra el nuevo Consejo de Administración, el cual, compuesto en su mayoría por la SEPI y socios mexicanos, retiene información crucial respecto a las condiciones del préstamo del Fondo de Ayuda a la Solvencia, lo que impide a otros accionistas estar informados adecuadamente.

Al finalizar su exposición, el diputado cuestionó si el Gobierno asturiano está realmente involucrado en las decisiones sobre la futura dirección de Duro Felguera o si está actuando meramente como un “invitado de piedra”. “¿Qué acciones tiene previsto emprender el Principado? ¿Está a la mesa de decisiones o solo ha contribuido financieramente a la causa?”, se preguntó.

Por su parte, Guillermo Peláez, consejero de Hacienda, defendió que el Gobierno regional está colaborando de manera activa con la SEPI en lo que atañe a los préstamos a Duro Felguera, en el contexto de un reciente anuncio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por parte de la empresa.

Peléaz destacó ante el parlamento que tanto su área como la de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo están siguiendo con atención tanto los aspectos cualitativos como los cuantitativos de la evolución de la compañía, reafirmando el compromiso del Gobierno por preservar la actividad industrial y los puestos de trabajo en la región.

“La SEPI está inyectando 120 millones, mientras que nosotros hemos aportado 6 millones a través de la Sociedad Regional de Promoción (SRP). Ambos préstamos están interconectados. Continuaremos trabajando juntos y apelamos al diálogo para encontrar una solución que aproveche la prórroga del proceso concursal”, añadió Peláez, quien valoró positivamente la adquisición del Tallerón de Gijón por parte de Indra, argumentando que esta acción no solo salvaguarda el empleo, sino que también refuerza la inversión en defensa y puede contribuir a revitalizar la empresa.

En su defensa de la estrategia de coordinación con la SEPI, Peláez recalcó que las condiciones de reestructuración se encuentran aún en negociaciones, afirmando con firmeza que “el empleo y la actividad industrial son nuestro foco y eso no está en discusión”.