El pasado 17 de diciembre en Oviedo, el consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, expresó su optimismo respecto a la llegada de la nueva ley de eficiencia judicial que empezará a regir en Asturias desde el 1 de enero. Esta legislación promete transformar el panorama judicial de la región, ya que su implementación está diseñada para resolver de manera definitiva los acoplamientos de personal en los tribunales de Mieres y Langreo antes de que conclya el año.

En una comparecencia ante los medios tras la reunión con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, Peláez puntualizó que en los tres principales distritos judiciales de Asturias, los reajustes de personal no estarán finalizados hasta el 15 de febrero del próximo año. Esto resalta el compromiso del gobierno asturiano por asegurar una transición ordenada y efectiva hacia la nueva estructura.

"Nuestro objetivo en el Principado es garantizar que la calidad del servicio público de justicia se mantenga en su máximo nivel", subrayó Peláez, quien confía en que esta normativa dará un giro positivo a la Administración de Justicia en la región. La mejora de los procesos judiciales es un eje fundamental de esta reforma, que apunta a adaptarse a las necesidades actuales de la ciudadanía.

El consejero también detalló que se prevé una reestructuración significativa en las oficinas judiciales con la propuesta de una nueva relación de puestos de trabajo, que contempla la creación de 25 nuevas plazas. Además, se estima que más de 80 puestos recibirán un complemento que refleja su importancia y función, todo ello respaldado por una inversión de 1,4 millones de euros en el sector de la justicia.