Las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular han mostrado su descontento con el tratamiento especial que se plantea para Cataluña y han exigido el mismo trato para sus territorios.

MADRID, 16 Jun.

Distintas federaciones autonómicas del PSOE han expresado su rechazo total a la posibilidad de brindar un tratamiento especial a Cataluña en cuanto a la financiación autonómica, propuesta por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha sido uno de los críticos más destacados, mientras que otras agrupaciones, como la de Extremadura, también han advertido al Gobierno de Pedro Sánchez sobre este tema.

La ministra Montero mencionó esta semana que las "cuestiones singulares" de ciertas comunidades autónomas, como Cataluña, merecen un tratamiento especial en términos de financiamiento, aunque destacó la importancia de negociar junto al resto de autonomías para encontrar un modelo que sea equitativo para todas.

Ante esta propuesta, diferentes líderes autonómicos del PSOE han manifestado su oposición a un posible tratamiento financiero especial para Cataluña, sugiriendo que sería una concesión al independentismo catalán para mantener a Pedro Sánchez en el poder.

En este sentido, el líder socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado duramente la propuesta de un trato financiero especial para Cataluña, argumentando que sería "demasiado alto el precio a pagar por mantener un puesto".

"Sería inaceptable que tuviéramos que costear entre todos la fiesta independentista", dijo Page en respuesta a la sugerencia de la ministra Montero sobre un tratamiento especial en el debate financiero.

Desde el PSOE de Extremadura también han querido hacer hincapié en este tema, dejando claro que su federación no permitirá chantajes por parte de ninguna otra comunidad autónoma durante las negociaciones para un nuevo modelo de financiación autonómica.

Para los socialistas extremeños, las particularidades de cada región no deben generar diferencias entre los ciudadanos españoles bajo ninguna circunstancia.

De igual modo, señalaron que no permitirán que la negociación sobre financiación autonómica se use como moneda de cambio en las negociaciones territoriales, y se oponen a revivir experiencias pasadas, como el pacto fiscal propuesto por la Generalitat de Cataluña durante el mandato de Mariano Rajoy.

Por su parte, el Gobierno socialista de Asturias sostiene que cualquier cambio futuro en el sistema de financiación debe ser resultado de una negociación multilateral con todas las Comunidades. "Asturias no ha modificado su posición. Seguimos apostando por una negociación multilateral para lograr un nuevo sistema de financiación que se ajuste a las necesidades de cada territorio, reconociendo el coste real de los servicios", explicaron fuentes del Ejecutivo.

El líder de los socialistas de Andalucía, Juan Espadas, afirmó que el actual modelo de financiación autonómica es injusto con su región y que las singularidades andaluzas deben ser abordadas de manera equivalente a las de Cataluña.

En cuanto a los socialistas de Murcia, consideran que la postura del Gobierno es promover una reforma del sistema que beneficie a todas las comunidades del régimen común, garantizando una calidad óptima de los servicios públicos en todos los territorios.

No obstante, varias Comunidades Autónomas gobernadas por el PP han rechazado firmemente la propuesta de Montero y han exigido una negociación multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El primer líder autonómico del PP en manifestar su descontento fue el presidente andaluz Juanma Moreno, quien dejó claro que hará todo lo posible para evitar una nueva injusticia en materia de financiación autonómica hacia su comunidad, en aras de no ceder ante las exigencias del independentismo catalán.

En línea con esta postura se expresó el presidente valenciano, Carlos Mazón, quien calificó el tratamiento especial propuesto por Montero como una "humillación para todos los españoles". Además, advirtió que, de concretarse, activarán todos los mecanismos legales para contrarrestar esta "deriva inédita de desigualdad".

Por su parte, desde el Gobierno del PP en Galicia insisten en que cualquier revisión del sistema de financiación autonómica debe abordarse en una negociación multilateral con todas las comunidades y alcanzar el máximo consenso posible.

"Galicia no busca ser superior a nadie, pero tampoco inferior. Queremos negociar en igualdad de condiciones y siempre priorizando el interés común", afirmaron fuentes del Gobierno de Alfonso Rueda.

Por otro lado, Baleares defendió que la financiación autonómica debe decidirse basándose en criterios técnicos dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera, rechazando los tratamientos especiales.

"Lo primero que debemos preguntarnos es a qué se refiere la ministra cuando habla de tratamiento especial", criticaron desde el Gobierno del PP, insistiendo en que la financiación autonómica debe decidirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, "el órgano multilateral encargado de negociar las relaciones financieras del Estado con todas las comunidades".

En el caso de La Rioja, el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, rechazó rotundamente un acuerdo bilateral que suponga un trato financiero singular para Cataluña, ya que considera que eso sería un privilegio para esa comunidad y un perjuicio para los ciudadanos riojanos.

Ante esta situación, el político de Compromís Joan Baldoví defendió que todo lo que se haga en materia de financiación en Cataluña debe replicarse en la Comunidad Valenciana, asegurando que esta es una condición indispensable para su formación y que un trato desigual hacia esta autonomía comparado con Cataluña podría llevarlos a retirar su apoyo al Gobierno.

En contrapartida, los socialistas valencianos señalaron que el Gobierno central ya está brindando un trato singular a la Comunidad Valenciana a través de los fondos recibidos del sistema de financiación, siendo la única región que ha obtenido el ExtraFLA y que, este año, está recibiendo más dinero del ejecutivo central que durante el Botànic. "Si eso no es singularidad, no sé qué es", subrayaron.

Frente a la propuesta brindada por Montero, el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonés, reiteró la necesidad de una financiación singular para Cataluña, mencionando un sistema de concierto y cupo similar al que tienen el País Vasco y Navarra.

"Lo que es bueno para ellos también lo es para nosotros", declaró Aragonés, destacando el amplio consenso en la importancia de un nuevo modelo de financiación para el país.