Peláez alerta a las familias: las deducciones autonómicas no vienen incluidas automáticamente en el borrador de la declaración de la Renta.
En un llamado a la reflexión sobre la fiscalidad, el consejero de Hacienda del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha instado a los residentes de Asturias a que revisen su derecho a las deducciones autonómicas durante la presentación de la Declaración de la Renta, destacando que estas deducciones no aparecen automáticamente en el borrador que reciben los contribuyentes.
En un evento llevado a cabo por el diario El Comercio en Gijón, Peláez expresó su optimismo al señalar que se espera que alrededor de 120,000 contribuyentes accedan a estas deducciones, lo cual podría suponer un alivio fiscal cercano a los 60 millones de euros.
Para maximizar el impacto de estas deducciones, el consejero comentó que se ha lanzado una campaña publicitaria destinada a informar a los contribuyentes. Además, se ha mantenido reuniones con asociaciones de asesores fiscales para asegurar que comprendan y puedan aplicar adecuadamente estas ayudas fiscales.
Un ejemplo claro es la deducción por familia numerosa, que asciende a 1,000 euros en Asturias. Para beneficiarse, es suficiente tener un par de hijos y cumplir con ciertos umbrales de ingresos, que son de 35,000 euros en el caso individual y 45,000 euros en el conjunto. Es importante resaltar que no se requiere un certificado formal de familia numerosa para acceder a esta deducción.
Peláez también mencionó que varias deducciones han sido imitadas por otras comunidades autónomas. La deducción para atraer talento, especialmente la destinada a los jóvenes, ha sido calificada como “pionera”, ya que permite una desgravación de hasta 2,000 euros para personas de hasta 35 años.
Sobre la reforma fiscal prevista para 2026, el consejero propone reducir el tipo impositivo en el primer tramo de la escala, que actualmente es del 10%, al 9%, además de incrementar el mínimo personal y familiar en un 10%. Según él, esto beneficiará a casi el 92% de los contribuyentes, ofreciendo un alivio mayor a aquellos con ingresos de hasta 35,000 euros, quienes podrían ver una reducción de al menos 119 euros en su carga fiscal.
Frente a la propuesta fiscal del Partido Popular, Peláez advirtió que recortar el Estado del Bienestar para favorecer a los grupos más acaudalados perjudica a las clases medias y trabajadoras, resaltando la importancia de mantener un equilibrio fiscal que favorezca a todos.
Respecto al impuesto de sucesiones, el consejero criticó a aquellas comunidades del PP que aplican bonificaciones del 99% en este impuesto, lo que, según él, favorece desproporcionadamente a los más ricos. En Asturias, en cambio, las clases medias y trabajadoras están prácticamente exentas debido a un mínimo de 300,000 euros, lo cual significa que el 99% de las herencias directas no tributan nada.
A esto se suma una reducción en el impuesto de donaciones al 2% para los primeros 150,000 euros, facilitando así el relevo generacional en los negocios. Peláez subrayó que estas medidas no solo benefician a los contribuyentes, sino que también aseguran la continuidad de la actividad económica en la región.
En cuanto a la situación fiscal en Madrid, el consejero observó que la comunidad presenta una fuerte capacidad económica que le permite implementar reducciones impositivas. Sin embargo, enfatizó que estas decisiones también dependen de un modelo de Estado social diferente que sostiene sus servicios de salud, educación, y asistencia social.
Peláez criticó la narrativa de que “el dinero está mejor en los bolsillos de los ciudadanos”, argumentando que, en ciertas situaciones, los servicios públicos son fundamentales para garantizar los derechos básicos de la población. Además, destacó que otras comunidades que han intentado replicar el modelo fiscal de Madrid han experimentado una drástica reducción en la recaudación, enfatizando que la capital cuenta con ventajas únicas gracias a su posición central.
Finalmente, a nivel personal, Peláez aboga por reconfigurar Madrid como un distrito federal, sugiriendo que debería tener un estatus especial que le permita un régimen fiscal distinto, posiblemente controlado por la Administración Central, de modo que su capacidad se redistribuya entre todas las regiones del país.
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