Las comunidades autónomas de Asturias, Galicia y Castilla y León han unido fuerzas para afrontar lo que consideran una prórroga "injusta e ilegal" de los peajes en la AP-9 de Galicia y la AP-66, que conecta Asturias con León. Esta colaboración fue confirmada por el presidente de Asturias, Adrián Barbón, durante una conferencia de prensa en Sariego.

Barbón destacó la "comunicación constante" entre las distintas administraciones en torno a este tema crucial. Subrayó que la Comisión Europea ha dictado que estas prórrogas son ilegales, recordando que fueron establecidas hace 25 años por un gobierno liderado por José María Aznar.

El presidente asturiano hizo hincapié en la necesidad de "unidad interna" para luchar por la eliminación de los peajes, abogando por una coalición que involucre a fuerzas políticas, sindicatos, empresas y la sociedad civil. En este sentido, anunció una movilización conjunta programada para el 17 de octubre en La Escandalera, en Oviedo, invitando a la ciudadanía a unirse a la causa.

A pesar de las diferencias políticas entre los gobiernos, Barbón destacó el esfuerzo por encontrar un enfoque común en esta lucha. Hizo hincapié en que el objetivo de eliminar la prórroga de los peajes ha sido unificador, incluso entre los administradores de diferentes partidos, como el Partido Popular en las comunidades vecinas.

El presidente asturiano también se refirió a las especificidades de estos peajes, comparando el peaje de Galicia con el del Huerna, que conecta dos comunidades autónomas. Según Barbón, ambas situaciones son "prácticamente mellizas", haciendo alusión a las similitudes en los problemas que enfrentan.

En julio, la Comisión Europea emitió un dictamen motivado en el que instaba al Gobierno español a cumplir con las normativas de la UE relacionadas con la contratación pública, afirmando que las extensiones de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66, que se extendieron a 25 y 29 años respectivamente, debían haber sido sometidas a un proceso de licitación adecuado.

La Comisión argumentó que estas extensiones sin licitación previa violan la Directiva 93/37/CEE y los principios de igualdad de trato y transparencia, lo que equivaldría a la adjudicación de nuevos contratos de concesión.

Luego de que el dictamen motivado fuera enviado al Gobierno español, la Comisión dio un plazo de dos meses para que se tomaran las medidas adecuadas. Sin embargo, el Ministerio de Transportes respondió presentando alegaciones, lo que permitió que los peajes continuaran en vigor. En Asturias, hay una fuerte oposición a la actual tarifa de peaje de 15,6 euros por paso y turismo en la vía del Huerna.