OVIEDO, 16 de julio.

El Gobierno asturiano ha tomado una decisión trascendental: elaborará un informe que evaluará el impacto demográfico de todas las leyes, decretos y planes estratégicos gestionados por la Administración autonómica. Este paso, según la administración regional, es fundamental para abordar la problemática de la despoblación.

La resolución, que será implementada mañana tras su publicación en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) este miércoles, forma parte del marco regulador de la Ley de Impulso Demográfico. Su propósito es asegurar que ninguna legislación incremente las desigualdades entre distintos territorios, contribuya a la reducción de la población y, además, fortalezca la cohesión territorial.

Con esta nueva herramienta, de carácter obligatorio, se podrá identificar desde el inicio si alguna norma tiene un impacto desigual en los concejos que enfrentan problemas de despoblamiento, envejecimiento poblacional o reducción de servicios.

Marcos Niño, director general de Reto Demográfico, enfatizó: "Ninguna norma o plan podrá elaborarse sin considerar cómo influye en las comunidades más afectadas por la despoblación. Esta es una medida que promueve la justicia territorial y reafirma nuestro compromiso hacia un futuro sostenible para todos los rincones de Asturias, independientemente de donde se viva".

Los organismos que propongan nuevas normativas tendrán la responsabilidad de generar también los informes de impacto, siguiendo un modelo estandarizado que analizará el contexto demográfico, la conexión con la estrategia autonómica contra la despoblación y las repercusiones esperadas de las medidas. Asimismo, se evaluará el impacto como positivo, negativo o neutro, y se sugerirán mejoras cuando sea necesario.

La metodología, establecida en la resolución, se fundamenta en el marco legal que ofrece la Ley de Impulso Demográfico y el decreto de zonificación aprobado este año, el cual define los concejos con mayores dificultades y establece un índice sintético de la situación demográfica.