OVIEDO, 16 de diciembre. En una reciente comparecencia ante el juez que investiga la supuesta corrupción en el denominado 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, señalado como el presunto conseguidor, ha realizado declaraciones alarmantes sobre el manejo de fondos en la adjudicación de obras públicas. Según su testimonio, se habrían pagado comisiones por un monto que oscila entre 3,5 y 4 millones de euros, siendo estas prácticas presuntamente compartidas con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, y el partido socialista, el PSOE.

En su declaración, De Aldama ha mencionado específicamente un proyecto significativo: la ampliación a tercer carril y remodelación de enlaces en la A-66, que abarca el tramo entre Lugones y Matalablima, en las localidades de Oviedo y Siero. Para respaldar sus afirmaciones, el imputado presentó ante el Tribunal Supremo una nota manuscrita fechada en mayo de 2019, que supuestamente pertenece a Koldo García. En el documento, se señala '26 Lugones Matalablima' junto a una flecha que apunta a dos palabras tachadas, revelando indicios sobre la implicación de una de las empresas beneficiadas, ASCH, quien se asoció con Lantania para formar una UTE que recibió la adjudicación.

El acto inaugural de este nuevo tercer carril de la 'Y' tuvo lugar el 19 de octubre de 2023, con la presencia de la exministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Este evento se celebró casi cuatro años después de que arrancaran las obras, que comenzaron el 28 de noviembre de 2019, y que causaron importantes inconvenientes a los usuarios de la vía, especialmente durante la temporada estival, cuando el incremento del tráfico turismo provocó grandes atascos en ambos sentidos.

Originalmente, el plazo estipulado para la ejecución de la obra era de 38 meses, con un presupuesto de 22.253.612 euros. Sin embargo, a medida que la obra avanzaba, se decidió incrementar el coste en aproximadamente 2,5 millones de euros, lo que elevó el desembolso total a 24,8 millones. Esta situación pone de relieve no solo las irregularidades en la gestión del proyecto, sino también las implicaciones que la corrupción puede tener en el manejo de fondos públicos y en la vida de los ciudadanos que utilizan estas infraestructuras.