OVIEDO, 17 de septiembre.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha presentado este miércoles una respuesta detallada a la Comisión Europea en relación con la concesión de la autopista AP-66, que incluye el peaje del Huerna, tras finalizar el plazo establecido de dos meses para atender el dictamen que insta a España a adherirse a las normativas sobre contratos de concesión de autopistas.

Las autoridades del ministerio han subrayado su compromiso de cumplir con todos los requerimientos que la Comisión Europea les ha planteado, lo que consideran un deber para salvaguardar el interés colectivo. En este contexto, han apuntado que la prolongación de la concesión hasta 2050 debe ser atribuida al gobierno del Partido Popular (PP).

En el documento remitido, el Ministerio proporciona las aclaraciones y justificaciones necesarias que servirán para defender los intereses generales de España en este asunto.

Los representantes del Ministerio aclaran que esta etapa no concluye el procedimiento y están dispuestos a evaluar los siguientes pasos que tome la Comisión Europea en relación con este recurso, con el fin de explorar todas las opciones de respuesta posibles.

El Ministerio recuerda que fue en el año 2000, bajo la administración del PP presidida por José María Aznar, cuando se aprobó la extensión de la concesión de la autopista AP-66. A partir de ello, aseguran que la actual situación es una responsabilidad directa de las decisiones de los gobiernos del PP. “Es al PP a quien le corresponde justificar una decisión que claramente perjudica a la ciudadanía”, afirman desde la dirección de Óscar Puente.

Para contrarrestar la gestión del PP que favoreció la prolongación del peaje en la autopista, el gobierno actual ha impulsado una ambiciosa política de bonificaciones. Desde 2018 hasta finales de junio de este año, los usuarios han conseguido ahorrar más de 58,5 millones de euros gracias a estas bonificaciones directas y a un control en el aumento de los peajes.

En julio, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción y emitió un dictamen que pide a España que respete las directrices de la UE en materia de contratación pública, en especial en relación con los contratos de concesión.

La decisión del gobierno español en 2018 de extender las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 (Huerna) por periodos de 25 y 29 años, respectivamente, fue seguida por la venta de las empresas concesionarias sin realizar licitaciones previas o publicar anuncios a nivel de la UE.

La Comisión recordó que, según la Directiva 93/37/CEE y los principios de transparencia e igualdad que fundamentan las normas de contratación pública de la UE, estas ampliaciones son modificaciones que equivalen a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por lo tanto, deben ser sujetas a un proceso de licitación.

Por esta razón, se decidió emitir un dictamen motivado a España, otorgándole un plazo de dos meses para ofrecer una respuesta y tomar las medidas necesarias al respecto.