OVIEDO, 14 de junio. En un giro significativo de los acontecimientos, el Partido Popular ha decidido solicitar la comparecencia de Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y responsable del Ministerio de Transición Justa, ante la comisión de investigación de la Junta General sobre la devastadora tragedia sucedida en la mina de Cerredo, en Degaña, que resultó en la trágica muerte de cinco trabajadores. Esta acción busca aclarar las ayudas otorgadas por la Administración central a las empresas operadoras, a pesar de las serias denuncias sobre actividades ilegales en la extracción de carbón.

El anuncio fue realizado por Rafael Alonso, diputado regional y portavoz del PP en la mencionada comisión. Alonso declaró que su grupo político planea llamar a una amplia gama de funcionarios socialistas que, en el pasado y presente, han tenido roles vinculados al servicio de minas y a las operaciones del Grupo Cerredo. Esta lista incluye inspectores, agentes medioambientales y miembros de la Comisión de Seguridad Minera, así como a sobrevivientes y responsables de las empresas implicadas.

La solicitud del PP también extiende a tres consejeros del Gobierno de Barbón y a tres ex miembros del Ejecutivo regional. Entre ellos se encuentran Borja Sánchez, actual consejero de Industria, y sus colegas de Transportes y Medio Rural, Alejandro Calvo y Marcelino Marcos, respectivamente, quienes son señalados por sus conexiones con el servicio de montes que, previamente, había alertado sobre irregularidades en la mina. Además, se solicitará la comparecencia de ex consejeros de Industria, Enrique Fernández, Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz, junto con otros altos funcionarios del Principado.

En la rueda de prensa, Alonso instó al Gobierno de Barbón a colaborar de manera proactiva con los trabajos de la comisión, enfatizando la importancia de demostrar que no hay nada que ocultar. "El compromiso con la comunidad minera debe ser genuino", afirmó, "y es crucial que se cumpla con el principio de transparencia, para que se enfrenten las realidades de la extracción ilegal de carbón en Asturias".

Rafael Alonso también subrayó que las familias de las víctimas merecen claridad sobre lo sucedido. Criticó, además, las restricciones temporales para solicitar comparecencias en la comisión, que finalizarán antes de que se reciba la información demandada.

El portavoz del PP declaró su intención de que la comisión examine la gestión del Gobierno regional desde enero de 2019, un periodo crucial en el que se modificó la estructura de la Consejería de Industria y se redujo el servicio de seguridad minera, una acción que podría estar relacionada con la tragedia en Cerredo. Sin embargo, la coalición de izquierdas ha impuesto un análisis que empieza solamente a partir de julio de 2021.

Alonso concluyó afirmando que la comisión necesita acceder a la información completa para garantizar la transparencia y la rigurosidad en la identificación de los fallos administrativos. "Es evidente que algo salió mal", dijo, "y el objetivo debe ser entender qué ocurrió para asegurar que tragedias como esta no se repitan en el futuro".