OVIEDO, 17 de julio. El Gobierno de Asturias ha saludado con notable satisfacción el reciente informe emitido por la Comisión Europea, que señala que el Ejecutivo español ha incumplido las normas de contratación pública vigentes en la Unión. En este contexto, las autoridades asturianas han reiterado su exigencia de eliminar el peaje del Huerna de forma definitiva, considerando que este representa un lastre significativo para la región.

Este jueves, el organismo de la UE anunció la continuación de un procedimiento de infracción contra España por extender hasta 2050 la concesión de la autopista AP-66 sin la realización de un concurso público, una acción que claramente infringe la normativa comunitaria.

Desde el Principado se ha comunicado que esta resolución pone de relieve las "serias dudas sobre la legalidad" de una decisión que ha impactado de manera negativa a la comunidad, adoptada unilateralmente por un gobierno del Partido Popular.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha calificado el dictamen de la Comisión Europea como "demoledor", destacando que revela hechos de "máxima gravedad". Asimismo, ha instado al PP a asumir la responsabilidad por las decisiones tomadas cuando estaban al mando, decisiones que, según se argumenta, violaron la legislación europea y causaron un grave perjuicio a Asturias.

Calvo también ha manifestado la disposición del Gobierno asturiano a participar en cualquier acción que surja del veredicto europeo, con el objetivo central de conseguir la "eliminación definitiva del peaje del Huerna", un anhelo que ha sido histórica y persistentemente demandado por la población local.

Además, el Ejecutivo regional se ha comprometido a facilitar toda la información técnica necesaria a las instituciones comunitarias, con la intención de colaborar en la resolución de este caso y promover el interés de la comunidad asturiana.

Cabe recordar que en el año 2000, el Consejo de Ministros del entonces gobierno del PP aprobó la prórroga de la concesión de la AP-66 de manera poco transparente, sin licitación y sin considerar los intereses del Principado. Esta decisión ha implicado un obstáculo económico y territorial para Asturias durante más de veinte años.