En una reciente y controvertida decisión, el Senado español ha solicitado al Gobierno que inicie urgentemente el proceso para excluir a las poblaciones de lobo situadas al norte del Duero del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Esta moción, que recibió el apoyo de 156 senadores de partidos como el PP, EAJ-PNV, Junts, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), se encontró con la oposición de 92 votos en contra, mayoritariamente del PSOE, BNG, Compromís y Más Madrid, mientras que once senadores optaron por la abstención, incluyendo a representantes de EH Bildu, ERC, Geroa Bai y la Agrupación Socialista Gomera.

La iniciativa que se ha votado fue presentada por la Comisión General de las Comunidades Autónomas y no solo propone la derogación de la normativa que protege al lobo bajo el Lespre, sino que también busca la revisión de la Estrategia Española de Conservación del Lobo Ibérico, para que esta se adapte a los últimos censos. Los promotores de la moción subrayan la necesidad de elaborar una nueva estrategia que cuente con el consenso de las diversas comunidades autónomas involucradas.

El texto de la moción hace mención al reciente cambio de estatus del lobo, aprobado por el Convenio de Berna, al que la Unión Europea se adhiere, que determinó, en su última votación en diciembre, pasar de un estatus de "estrictamente protegido" a "protegido", una medida que se implementó el pasado 6 de marzo. Los senadores argumentan que este cambio del enfoque europeo contrasta con la postura “inflexible y sin respaldo científico” del Gobierno español, concretamente de la exministra Teresa Ribera.

Según los autores de la moción, la decisión de incluir al lobo en el Lespre ha llevado a un “aumento descontrolado” de su población, lo que ha repercutido en un incremento de ataques a la ganadería. Este hecho ha llevado a una situación crítica para las comunidades rurales y, especialmente, para los ganaderos, quienes sufren la pérdida diaria de sus rebaños debido a los ataques de lobos.

Desde la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, se ha enfatizado que las compensaciones económicas por los daños causados no son la verdadera solución al problema. “El ganadero no demanda dinero, sino la protección de sus animales. La pérdida de sus rebaños genera un impacto psicológico profundo, que pone en peligro la viabilidad de sus explotaciones”, han declarado, reflejando la urgencia de abordar esta problemática con sensibilidad y responsabilidad.