24h Asturias.

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La Fiscalía solicita 13 años de prisión en el caso del Incendio Naranco 2023, el mayor castigo por delito ambiental hasta la fecha.

La Fiscalía solicita 13 años de prisión en el caso del Incendio Naranco 2023, el mayor castigo por delito ambiental hasta la fecha.

OVIEDO, 1 de julio.

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado una severa condena de 13 años de prisión para el individuo acusado de iniciar un devastador incendio en el monte Naranco en 2023. Este siniestro forzó la evacuación de numerosas familias y causó la muerte de muchos animales, así como daños significativos en propiedades y estructuras de la zona. Esta demanda representa la cifra más alta presentada por el Ministerio Fiscal en Asturias en relación con un delito de incendio forestal, ya que, según la Fiscalía, el acusado puso en grave riesgo la vida de los residentes locales.

El Fiscal también ha incluido en sus cargos un segundo incendio, de menor magnitud, que ocurrió el mismo día en Llanera. Su manifestación de conclusiones provisionales ha sido presentada ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial con sede en Oviedo, tal como ha sido comunicado por la Fiscalía.

En la madrugada del 31 de marzo de 2023, el acusado, conduciendo una furgoneta blanca de alquiler, se dirigió al monte Naranco. Con la intención premeditada de iniciar un incendio, utilizó un dispositivo de ignición, como un mechero, en al menos dos áreas de matorral cerca de la carretera, específicamente cerca del restaurante Buenos Aires.

Las condiciones extremas de riesgo de esa noche, evaluadas en un nivel 5, permitieron que el fuego se extendiera a lo largo de 99 hectáreas. El desastre afectó de manera significativa a la vegetación local: aproximadamente el 50 % a bosques de eucalipto, un 10 % a otros tipos de árboles (incluidos roble, castaño, abedul, haya, avellano y fresno) y el 40 % a matorrales, que están compuestos principalmente de brezos, helechos y zarzas. Se estima que los daños ambientales ascienden a 32.808,54 euros, además de 8.513,32 euros por los esfuerzos de los servicios de extinción que lograron controlar el incendio hacia las 20:00 horas del mismo día.

El fuego obligó a la evacuación de muchas personas en varias localidades, como Constante, Casares, Arneo, Fitoria de Arriba y Toleo, debido al peligro inminente para su seguridad. Se registraron múltiples daños en propiedades, incluyendo gallineros, cercas, remolques, y estructuras de almacenamiento, así como en los hogares y las instalaciones de los residentes, afectando así a parcelas de más de 60 propietarios, incluyendo al Arzobispado y al Ayuntamiento de Oviedo.

Poco después, alrededor de las 02:30 horas del mismo día, el acusado se trasladó a la localidad de Andorcio, en Llanera, donde nuevamente encendió un incendio, utilizando una fuente de calor en al menos dos puntos junto a la carretera de Portiella a Regidorio, mostrando su intención de causar daño.

En este caso, el fuego, también propagado bajo condiciones extremas, consumió 8,60 hectáreas, afectando en un 70 % a árboles de diferentes especies (eucalipto, roble, castaño, fresno) y en un 30 % a matorrales. Este incendio afectó a cuatro fincas y ha ocasionado daños estimados en 2.655,22 euros, además de 1.442,02 euros en gastos de extinción. Aunque este último incendio no puso en riesgo a personas, sí afectó propiedades del Ayuntamiento de Llanera y varios ciudadanos, algunos de los cuales no buscan compensación.

El acusado, en el momento de los incidentes, lidiaba con una grave adicción al alcohol y a la cocaína, además de un uso ocasional de cannabis, comportamientos que comenzaron en su juventud. Desde su encarcelamiento tras el arresto, ha comenzado un proceso de desintoxicación.

La Fiscalía sostiene que los actos del acusado son constitutivos de un delito continuado de incendio forestal, conforme a los artículos 351, 352 y 74 del Código Penal y la legislación autonómica vigente. Se contempla la drogadicción como un factor atenuante en la responsabilidad penal del acusado.

Por esta razón, el Ministerio Público ha pedido que se le condene a 13 años de prisión, así como la inhabilitación particular para el ejercicio de los derechos políticos durante la duración de la pena y la imposición de una multa de 13 meses de duración, con una cuota diaria de 20 euros, implicando responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.