El día de hoy, en Oviedo, el Vicepresidente de la asociación de criadores de vacuno selecto de la raza Asturiana de los Valles (Aseava), José Manuel Cardín, junto al Interventor de la misma, José Manuel Gómez, han exigido la "inmediata" renuncia del presidente y la secretaria de la asociación, Rubén Fernández e Isabel de la Busta, a quienes acusan de mantener al colectivo "secuestrado".

En un comunicado oficial, expresan: "Solicitamos la inmediata dimisión debido a la grave desestabilización generada por las acciones de ambos, o de lo contrario nos veremos en la obligación de considerar y tomar acciones legales contra ellos, los asesores presuntamente contratados sin nuestro consentimiento, y el grupo de socios minoritarios que parecen querer cerrar o controlar nuestra asociación en detrimento de los 3.700 asociados, en beneficio propio."

El vicepresidente y el interventor han señalado que, hasta el 21 de marzo, la asociación había logrado recuperar la normalidad después de los problemas relacionados con Xata Roxa que la habían desestabilizado. Habían incrementado la subvención pública en 225.000 euros, obtenido apoyo financiero, y asegurado la paz social y laboral, además de resolver los problemas derivados del cierre de Xata Roxa y aprobar las cuentas anuales de 2023 y presupuestos de 2024.

Además, rechazan la contratación de Gonzalo Botas como abogado, pues este había mostrado públicamente su apoyo como letrado de una directiva destituida en la junta general del 17 de marzo. Los firmantes del comunicado afirman que Botas ha realizado declaraciones públicas que perjudican gravemente a la asociación y sus trabajadores.

Insisten en que tanto Isabel de la Busta como Rubén Fernández deberían renunciar de inmediato, ya que ambos parecen estar manipulando la asociación en favor de un pequeño grupo de socios que intentan apoderarse del mercado de la carne en Asturias, influenciando directamente en el cierre de Xata Roxa y poniendo en riesgo a Aseava.

Según los firmantes, De la Busta y Fernández han tomado decisiones unilaterales de posible ilegalidad, algunas de las cuales podrían tener repercusiones legales, abusando de los poderes otorgados por la Junta de Gobierno sin informar al resto de los miembros, incluyendo la anulación de acuerdos de la junta general del 17 de marzo.