Oviedo, 1 de julio. La situación en el Principado de Asturias toma un giro preocupante con la noticia de que la Fiscalía asturiana ha decidido solicitar una condena de 10 meses de prisión para un individuo acusado de iniciar un incendio forestal en el municipio de Nava. Este fuego fue provocado al quemar restos de poda de su propia propiedad, tras lo cual abandonó imprudentemente el lugar.

Los hechos que se están ventilando en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo están programados para mañana, 2 de julio, a las 12:30 horas. Según el Ministerio Público, el 23 de junio de 2023, el acusado, que nació en 1960, decidió deshacerse de los desechos vegetales de su finca de forma irresponsable. Apiló los restos cerca de la carretera, a tan solo 10 metros de una propiedad vecina, y encendió fuego sin tomar las más mínimas precauciones ni contar con los permisos correspondientes.

Esta acción imprudente tuvo consecuencias devastadoras. El imputado no se tomó el tiempo de asegurarse de que la quema había sido extinguida, lo que permitió que las llamas se reiniciaran y se propagaran a una superficie aproximada de 3.000 metros cuadrados, afectando matorrales, zarzamoras, helechos, herbáceas y robles. La intervención de equipos de emergencia fue necesaria para controlar la situación, incurriendo en un costo de 284,92 euros.

Desde la Fiscalía, se subraya que los daños al medio ambiente son significativos y se califica la conducta del acusado como un delito de incendio forestal por imprudencia grave, bajo los artículos781 y 352 del Código Penal. Este caso es relevante también en el marco de la Ley de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias, que busca proteger nuestros recursos naturales.

El Ministerio Público ha exigido, además de la pena de prisión, que se imponga una inhabilitación especial que le restrinja el derecho al sufragio pasivo durante la condena. Asimismo, se han pedido 10 meses de multa a razón de 20 euros diarios, con responsabilidad subsidiaria ante cualquier incumplimiento.

Por último, en lo que refiere a la compensación económica, se ha planteado que el condenado deberá indemnizar al Principado de Asturias con los 284,92 euros correspondientes a los costos de extinción, además de asumir la responsabilidad por los daños que se verifiquen durante la ejecución de la sentencia, con el fin de reparar a quienes se hayan visto perjudicados directamente por el incendio.