OVIEDO, 2 de septiembre.

En una reciente comparecencia ante la Junta General del Principado de Asturias, el director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, ha rechazado la existencia de vínculos con empresarios de la mina de Cerredo, donde un trágico accidente ocurrió el 31 de marzo. Villar subrayó que no está al tanto de denuncias relacionadas con irregularidades en las operaciones mineras en el área.

La comparecencia se enmarca en la reanudación de sesiones de una comisión que investiga el siniestro, el cual resultó en la muerte de cinco mineros. Durante la reunión, Villar se vio obligado a clarificar su papel en el contexto de la situación crítica que ha envuelto a la minería en la región.

Un agente de Medio Natural, José Manuel Carral, había anteriormente declarado que había alertado sobre las actividades mineras, señalando la falta de permisos para la extracción de carbón. Villar, al respecto, destacó que los agentes tienen la facultad de proceder con denuncias ante situaciones irregulares y pueden dirigirse a la Fiscalía de Medio Ambiente directamente. “Este es un procedimiento habitual”, defendió Villar.

El director general explicó, además, que existe una diferencia clave entre actas y denuncias: mientras que las primeras son más comunes y se emiten en gran cantidad a lo largo del año, las denuncias son excepcionales y reflejan situaciones serias de incumplimiento.

Durante el interrogatorio, los parlamentarios también abordaron declaraciones de Carral que indicaron que Jesús Rodríguez Morán, cabeza de la familia propietaria de la mina, aseguraba tener todo bajo control gracias a sus conexiones en el ámbito del Medio Ambiente. Villar reafirmó que no ha mantenido contacto alguno con Morán o su círculo cercano.

El director general agregó que no había tenido interacción directa con los expedientes de la compañía, y que su conocimiento de posibles irregularidades se limitó a los informes que recibió al prepararse para su intervención en esta comisión, ya que las implicaciones de esos informes recaen en el servicio de Montes, que no forma parte de sus competencias.

Villar es uno de los muchos convocados para esta investigación, que comenzó a fines de julio y se reanudó tras un receso en agosto.

El accidente en la mina de Cerredo, uno de los más devastadores de la región en treinta años, dejó un saldo trágico de cinco muertes y cuatro heridos. La explosión, acontecida en una de las secciones subterráneas, fue atribuida a la acumulación de gas grisú, un compuesto altamente inflamable que, al contactar con el aire, provocó una explosión mortal en pleno ejercicio laboral.

Las víctimas, compostas por trabajadores de las comarcas de Laciana y El Bierzo, tenían entre 32 y 54 años. Asimismo, tres de los heridos eran oriundos de León, mientras que el cuarto provenía de Degaña. Este suceso ha dejado una profunda huella en las comunidades mineras de la región.

A pesar de que la empresa Blue Solving carecía de los permisos necesarios para llevar a cabo la extracción de carbón, continuó operando, tal como reconoció la consejera de Transición Ecológica e Industria, Belarmina Díaz. Tras la tragedia, Díaz presentó su dimisión, y la Junta General del Principado de Asturias decidió establecer una comisión para determinar responsabilidades en este lamentable incidente.