OVIEDO, 4 de septiembre.

En un giro sorprendente en la investigación sobre la mina de Cerredo, Alejandro Álvarez, ingeniero inspector de la Sección de Seguridad Minera, ha declarado este jueves que, durante su tiempo como actuario en el grupo Cerredo entre mayo de 2020 y enero de 2023, no fue testigo de la extracción de carbón. Sin embargo, su testimonio contradice las investigaciones que surgieron a raíz del trágico accidente de 2022, que reveló que sí se estaba extrayendo mineral en la mina.

Álvarez compareció ante la comisión parlamentaria que examina el fatídico incidente ocurrido el 31 de marzo de 2025, donde la vida de cinco mineros se apagó y otros cuatro resultaron heridos. Durante su intervención, explicó que, en su papel anterior, fue responsable de elaborar el informe final sobre el accidente de 2022, el cual documenta la existencia de un bolquete repleto de carbón que, según las declaraciones recogidas, provenía de un área donde dicha actividad no estaba autorizada.

A pesar de la clara contradicción entre su testimonio y las evidencias documentadas, Álvarez se mostró evasivo respecto a los acontecimientos del marzo de este año, argumentando que su implicación en la mina terminó en 2023 y que no se ocupaba de los asuntos posteriores a su salida. “Nuestra carga de trabajo es suficiente sin tener que ocuparnos de lo que ya no nos compete”, declaró ante los diputados.

El ingeniero también admitió su relación con Jesús Rodríguez Morán, propietario de explotaciones mineras cercanas, señalando que su presencia en el área no es inusual. “Es bastante común verlo por allí”, afirmó en defensa de su conexión con el empresario.

Por otro lado, Álvarez aclaró que no estaba al tanto de la situación de la mina cuando la empresa Combayl, que había presentado planes para la desactivación de maquinaria y restauración del entorno, fue sustituida por Blue Solving. Esto lleva a la incertidumbre sobre si la nueva empresa siguió con este enfoque o presentó documentación diferente cuando reanudó la actividad minera.

Subrayó que “no interferir en el proceso de restauración” fue uno de los compromisos establecidos en la resolución de transferencia de derechos mineros, indicando que esta cuestión corresponde a otra sección, la de ordenación minera, que gestiona dichos trámites. La falta de claridad y la falta de seguimiento a lo que ocurre en la mina continúan generando preocupación entre los organismos de control y la comunidad.